Editorial-El Español

Doce horas después del inicio del mayor apagón de la historia de España, los ciudadanos españoles seguían sin conocer las causas de la crisis que les dejó durante medio día sin luz.

A las 17:30 de ayer lunes, el presidente del Gobierno dijo en su primera comparecencia pública del día no disponer de “información concluyente” sobre el origen del apagón.

En su segunda comparecencia, al filo de las 23:00, con la normalidad volviendo poco a poco a todos los hogares del país, seguía sin conocerla.

Sí dijo saber, gracias a la información proporcionada por técnicos de Red Eléctrica, que una “fuerte oscilación del flujo de potencia” había derivado a las 12:30 de la mañana de este lunes en la “desaparición súbita” de 15 GW de energía, equivalentes al 60% de la demanda. Desplome que habría provocado la desconexión con Francia y la caída de la red en toda España y Portugal.

Pedro Sánchez afirmó también no descartar ninguna hipótesis, lo que implicaba reconocer de forma tácita que la hipótesis del ciberataque es una de las que maneja el Gobierno.

Pero una caída de esa magnitud está fuera de toda normalidad y merece una explicación detallada que vaya más allá de la mera descripción del fallo y de las hipótesis aventuradas sobre sus causas.

Porque resulta sorprendente que doce horas después del inicio del apagón sólo se hubiera restablecido aproximadamente el 50% del suministro (Red Eléctrica había prometido el 100%) y que se siguieran desconociendo las causas de ese súbito desplome en la generación de energía.

Por exponerlo en términos simples, 15 GW de energía no desaparecen así como así sin dejar rastro.

El presidente anunció también que el Gobierno ha aceptado la solicitud de varias comunidades, y entre ellas las de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, de declarar el nivel 3 de emergencia nacional.

Sánchez aprovechó también su comparecencia pública para pedir a los ciudadanos que se informen sólo a través de “fuentes oficiales” y arremetió un tanto extemporáneamente contra los “bulos” que según él podrían propagarse durante las próximas horas.

Un riesgo que quedará inmediatamente anulado cuanta más y más fiable sea la información que proporcione el Gobierno a lo largo de este martes.

Con la prudencia que exigen las circunstancias, y a la espera de una evaluación de los daños y las pérdidas provocadas por el apagón, que podrían alcanzar los 40.000 millones de euros, lo que parece seguro es que el apagón eléctrico sufrido ayer en prácticamente toda España revela, sea cual sea su origen, una vulnerabilidad extrema del sistema.

Vulnerabilidad de la que, sin duda alguna, existen responsables.

A dicha vulnerabilidad se suma la incapacidad de Red Eléctrica, una empresa público-privada con un modelo de capital mixto (el 20% de sus acciones son propiedad de la SEPI, entidad pública del Gobierno de España), para dar explicaciones detalladas del origen del fallo en el suministro.

A Sánchez no se le puede reprochar el no haber dado la cara, porque la dio por dos veces en sendas comparecencias públicas.

Pero sí se le puede y se le debe exigir responsabilidad por un segundo apagón: el de un Estado que, a pesar de encontrarse en cifras record de recaudación fiscal, ha sido incapaz de identificar los motivos de una caída catastrófica del suministro eléctrico. Un fallo de seguridad que revela una fragilidad extrema del Gobierno en el momento geopolítico menos recomendable para ello.

Fallo, además, que si no ha producido daños de mayor calado ha sido por el loable civismo de una inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.

Mención aparte merece la no comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, el día de la mayor crisis sufrida por la compañía en toda su historia. Sobre todo cuando se recuerda que el presidente la escogió para el cargo no por su currículo técnico (Corredor no es ingeniera, sino jurista y exministra del PSOE), sino por sus dotes comunicativas.

El tiempo determinará si, además de responsabilidades puramente técnicas, deben exigirse también responsabilidades políticas. Pero lo que primero cabe exigirle al Gobierno son explicaciones sobre el misterio de los 15 GW súbitamente desaparecidos en apenas 15 segundos.