Antes de exponer el contenido del informe en el que se advierte de que España no ha cumplido plena y satisfactoriamente ninguna (sí, ninguna) de las recomendaciones formuladas para la lucha contra la corrupción, es obligado contextualizarlo, respondiendo a una serie de interrogantes.

– ¿Quién es el autor de los informes? El Greco es un organismo del Consejo de Europa cuya misión es ayudar a combatir la corrupción mediante recomendaciones a los Estados y a través de informes de cumplimiento de aquellas. El Greco no puede hacer públicos sus informes sin la autorización del Gobierno del Estado afectado.

– ¿Cuándo se hicieron los dos informes? El primero tiene fecha de 1 de diciembre de 2023 y el segundo de 21 de junio de 2024. Es un escándalo que el Gobierno haya retrasado 16 y 10 meses respectivamente su publicación. Y que cuando el pasado septiembre anunció su «plan de acción por la democracia» ocultó deliberadamente a los ciudadanos la existencia de estos informes. A este inaceptable ocultamiento y retraso se une el hecho de que el Ejecutivo -a pesar de la dureza del informe- afirma haber cumplido las recomendaciones. Como veremos, ni este ni los anteriores lo han hecho.

– ¿Qué periodo de tiempo analizan los informes? Las dos últimas ocasiones en que el Greco examinó a nuestro país fueron 2013 y 2019. No se juzga por tanto únicamente al Gobierno de Sánchez, sino también a los anteriores que nada hicieron en relación a las cuestiones fundamentales denunciadas.

– ¿Qué se entiende por corrupción? Como advierte Eloy García, la corrupción es un concepto anfibológico. Por un lado designa conductas ilícitas que tienen que ver con la apropiación de lo público; y, por otro, alude a un contexto social en el que se ha perdido el sentido de la ley y de la política. La corrupción es un mal social en el que los ciudadanos aceptan y asumen que los principios constitucionales sean formalmente proclamados y materialmente conculcados.

Desde 2013 y hasta hoy, el Greco nos advierte de la necesidad de reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de establecer criterios objetivos en la selección de los altos cargos judiciales y de reforzar la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Y desde 2013, todos los gobiernos han desoído por completo tan acertadas recomendaciones. Ninguna de las legislaturas que se han sucedido en los últimos doce años -con mayorías políticas de diferente signo ideológico- quisieron cumplir las recomendaciones. A ello se añade que no son asuntos que movilicen a una sociedad cuya preocupación se centra, lógicamente, en el aumento del coste de la vida, en la imposibilidad de acceder a una vivienda o en el deterioro del sistema de salud. Son pocos los ciudadanos que deciden su voto en función del respeto por los partidos de principios como la independencia del poder judicial o la autonomía del ministerio fiscal. Y lo que es mucho más grave, no son pocos los que pueden haber asumido que cuando ganan ‘los suyos’ lo lógico es que asuman el control del CGPJ y de la Fiscalía.

El Greco es claro y contundente -como todas las instituciones europeas- en que el sistema de elección del CGPJ debe ser modificado para limitar la influencia del poder político partidista y garantizar que la mayoría de sus vocales sean elegidos por los propios jueces. Reclama que se establezcan criterios objetivos para la provisión de los altos cargos judiciales y transparencia en su aplicación. Y exige que se refuerce la imagen de independencia del fiscal general, suprimiendo la coincidencia temporal de su mandato con el del Gobierno que lo designa. En este último aspecto, la degradación institucional ha llegado a un punto nunca visto con la imputación del fiscal general. En definitiva, el informe denuncia el incumplimiento reiterado de unas recomendaciones muy acertadas, pero corresponde a los ciudadanos, a la hora de votar, exigir a los partidos que las lleven a cabo.