Muy pocas horas antes de que España se fuese a negro, la jueza Biedma dictó el lunes auto de procesamiento contra el hermano del presidente del Gobierno. Setenta folios de minucioso relato indiciario sobre una adjudicación a dedo mal disfrazada en un concurso de méritos para una plaza cuyo carácter de alta dirección «no se motiva en ningún momento» y cuyos criterios de puntuación dibujaban un perfil previo que de hecho dejaba fuera al resto de los aspirantes al puesto. El expediente del ‘hermanísimo’ está listo para ir a juicio por dos presuntos delitos –prevaricación y tráfico de influencias– que implican también al presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE y a otros nueve directivos de dicho organismo. Nada que no se supiese, pero ahora detallado por escrito.

Los pormenores de la instrucción caso revelan una especie de manual de lo que la magistrada considera un «delito de despacho». Expresión metafórica porque, como todo el país pudo ver en un vídeo sonrojante, el principal imputado era incapaz de identificar su lugar de trabajo. Sus funciones tampoco estaban definidas y además iban cambiando a lo largo de distintas modificaciones diseñadas a conveniencia de su beneficiario. El favoritismo en la concesión queda plasmado en una compleja cadena de correos electrónicos recogida en el sumario, a través de la cual se perfila la construcción de una apariencia o simulacro de legalidad para dar cobertura al contrato.

El asunto no es diferente a otros miles similares que forman parte del día a día de unas administraciones convertidas en gigantesca oficina de colocación por afinidad personal y/o partidista. Ayer mismo salió la condena al exalcalde socialista de Lebrija y al director de la Fundación para el Empleo de Andalucía, que se aplicaban el objeto de la entidad a sí mismos, como la caridad bien entendida. La particularidad obvia del proceso pacense consiste en que al mediar un parentesco directo con el jefe del Ejecutivo, el enchufe adquiere una dimensión distinta y por tanto demanda una asunción de responsabilidad ética y política a la altura de la jerarquía.

Porque al igual que el caso de Begoña Gómez, aún en fase de diligencias, el de David Sánchez constituye un ejemplo de nepotismo flagrante al margen de sus posibles consecuencias penales. No son sólo los amigos del presidente los que experimentan meteóricos ascensos o desembarcan en empresas del Estado –alguna de las cuales ha salido descalabrada en sus balances– sino sus propios familiares quienes se prevalen de manifiestos privilegios en instituciones públicas y universidades para medrar en unas carreras que apenas habían desarrollado antes. En estos días de debate sobre energías renovables, hidráulicas o nucleares, resulta especialmente irritante comprobar que las paredes de la Moncloa están llenas de conexiones de alto voltaje.