Al Partido Socialista hay que reconocerle y elogiarle la modernización de España en términos sociológicos y estructurales. Era ‘otro’ partido, con objetivos de interés nacional y un programa bien definido en la sesión de investidura de Felipe González. Con fuerte sectarismo en la ocupación del Estado y la arrogancia propia de una victoria electoral avasalladora, lo llevó adelante y convirtió el «viejo país ineficiente» de Gil de Biedma en una sociedad con estándares de desarrollo homologables a los de la Europa con la que trataba de equipararse. Los Juegos de Barcelona y la Expo de Sevilla fueron el escaparate de una transformación que encontró un símbolo tecnológico determinante: el AVE.

Tres décadas largas después, la alta velocidad es el emblema de una descomposición sistémica, reflejo de un mandato político que durante siete años ha desarticulado el entramado institucional –y constitucional– y convertido la Administración pública en un páramo de ineficacia e incompetencia. Se ha perdido la calidad del servicio, la puntualidad es una entelequia, la saturación colapsa las estaciones, no pasa día sin graves incidencias y los usuarios no pueden saber con exactitud cuándo salen ni cuándo llegan. Renfe y Adif son entidades sobrepasadas por el incremento de demanda tras la pandemia, inoperativas ante la precipitada liberalización de la competencia que ha abierto el tráfico a compañías italianas y francesas.

El caos de la madrugada del lunes podría tener un pase si se tratara de un contratiempo circunstancial y no de un hecho casi cotidiano en un paisaje de continuos percances, averías, retrasos y ahora, al parecer, robos y sabotajes que el ministro de Transportes usa como escudo de sus responsabilidades. Puente no es desde luego el único ni el principal culpable; el deterioro viene de mucho antes. Empezó cuando Ábalos se ocupaba de una cartera –en todos los sentidos de la palabra– cuya gestión le proporcionaba golosos beneficios particulares y se prolongó con características más graves durante el nulo paso por el departamento de su sucesora Raquel Sánchez, premiada con la presidencia de Paradores por haber dejado las infraestructuras en un estado de precariedad alarmante.

La secuencia de la inundación valenciana, el apagón general y el desbarajuste ferroviario conforma la imagen global de un fracaso. Simplemente, el Gobierno es incapaz de garantizar el funcionamiento normal del Estado. Sus prioridades exclusivamente políticas –la resistencia en un cada vez más complicado equilibrio parlamentario– desdeñan las preocupaciones de los ciudadanos mientras los exprime con una atosigante voracidad fiscal sin ofrecerles un mínimo de eficiencia a cambio. La ausencia de Presupuestos revela la parálisis de un modelo de poder agotado, letárgico, que encuentra su metáfora más desoladora en la vía muerta donde yacen esos trenes varados.