Cada día de parálisis gubernativa que transcurre, se refuerza la evidencia de que la presente es una legislatura que nació muerta.
Prácticamente las únicas iniciativas que han prosperado son aquellas que ni siquiera formaban parte de la agenda legislativa del Gobierno, sino las que constituían meras condiciones preliminares para que echara a andar la legislatura, como la ley de amnistía.
Pero tal es el nivel de bloqueo que ni siquiera estos peajes de Sánchez a sus socios de la mayoría Frankenstein a cambio de su investidura (los «pagos adelantados», como los denominó Carles Puigdemont) han podido materializarse plenamente.
Es el caso de la oficialización del uso del catalán en la Unión Europea, exigida por Junts antes incluso de la investidura de Sánchez a cambio de apoyar a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.
Aunque José Manuel Albares lleva dos años promoviendo una excéntrica campaña para incrustar el catalán en los órganos de la gobernanza europea, el Gobierno ha fracasado de nuevo en esta pretensión, con la que Junts continúa apretando.
En el primer debate del Consejo de Asuntos Generales, celebrado este martes en Bruselas, sólo 2 de los 27 Estados miembros han respaldado de forma expresa la petición de Albares de reconocer el catalán como lengua oficial en la UE. Además, los servicios jurídicos del Consejo han planteado sus dudas sobre la compatibilidad del reconocimiento del catalán con los Tratados.
Y teniendo en cuenta que la reforma del reglamento sobre el régimen lingüístico de la UE requiere unanimidad, lo más probable es que la iniciativa naufrague definitivamente pronto. En el mejor de los casos, Sánchez podría obtener su reclusión en un cajón de Bruselas de forma indefinida.
De hecho, esta estrategia de asumir compromisos de difícil encaje constitucional mientras difiere sine die su ejecución es la manera habitual en la que Sánchez ha venido lidiando con las reclamaciones de sus socios nacionalistas. Ahí está la amnistía, que no ha podido aplicársele a Puigdemont por no considerar el Tribunal Supremo amnistiables los delitos de malversación. Y todo apunta a que también se verá retrasada la satisfacción del anhelo del prófugo de volver a Cataluña.
Porque tres magistrados del TC han pedido a Cándido Conde-Pumpido que paralice el debate sobre la ley de amnistía para analizar antes la conveniencia de plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial. Y que, si el TC no plantea su propia cuestión al TJUE, suspenda la deliberación y el fallo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP para esperar a que el TJUE dicte sentencia sobre las cuestiones prejudiciales ya existentes.
Aunque Conde-Pumpido ha desoído la petición y mantenido el calendario previsto para resolver el recurso, que comenzará a principios de junio, el fallo se retrasará previsiblemente de todos modos.
Porque, aunque el TC avale la constitucionalidad de la amnistía (lo cual parece probable), la sentencia no podrá aplicarse inmediatamente, y por tanto tampoco la propia ley de amnistía. Y ello porque la aplicabilidad de la norma nacional está supeditada a que el TJUE determine que esta se ajusta al Derecho de la Unión.
Análoga dilación parece aguardarle a la «financiación singular» a la que se comprometió Salvador Illa con ERC a cambio de su apoyo a la investidura. Aunque el PSC firmó en el acuerdo que el concierto catalán estaría en funcionamiento en 2026, todo lo que hay de él hoy por hoy es el discreto proyecto piloto para que Gobierno y Generalitat gestionen conjuntamente el impuesto de matriculación.
Y todo ello con el telón de fondo de la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos, y la deserción de Sánchez de presentarlos siquiera.
Una vez eludida la votación en el Congreso de su plan de aumento del Gasto en Defensa, ciertamente Sánchez podría ser capaz de agotar la legislatura y llegar a 2027 con las cuentas aprobadas en 2022. Pero si el Gobierno no puede llevar a cabo su cometido más elemental, ni tampoco realizar los hitos del itinerario de la legislatura, es forzoso preguntarse qué propósito tiene el mero aguante al frente del Ejecutivo.