El jefe de la misión que Bruselas ha enviado a España para averiguar el porqué de la negativa del Gobierno a aplicar la reforma de la ley electoral europea aprobada por la UE en 2018 se ha mostrado, en conversación con EL ESPAÑOL, «alucinado» con la actitud del Gobierno.
Y no sólo por la negativa en sí, sino por las formas del Ejecutivo, que ha esquivado todas las reuniones propuestas por la misión europea con el objetivo, evidente, de evitar que la reforma de la ley electoral se convierta en tema de debate en España.
Es decir, de evitar poner sobre la mesa el problema de la sobrerrepresentación de los partidos independentistas en la Eurocámara. Pero también, de forma indirecta, el de su exceso de representatividad en el Congreso de los Diputados.
La reforma de la ley electoral europea de 2018 establece un umbral mínimo del 2% de los votos (y un máximo del 5%) para la entrada de cualquier partido en el Parlamento Europeo.
En su franja más alta, la del 5%, sólo tres partidos españoles, PP, PSOE y Vox, habrían obtenido escaños en las elecciones europeas de 2023.
En su umbral mínimo, el del 2%, el PNV se habría quedado fuera, dado que su coalición electoral (Coalición por una Europa Solidaria) se quedó en el 1,63% de los votos.
Lo que está haciendo en la práctica el Gobierno de Pedro Sánchez al negarse a aplicar la reforma de la ley electoral europea es proteger a sus socios nacionalistas dándoles la posibilidad de obtener una representación que tendrían imposible en todos aquellos países europeos que fijan un mínimo del 5% en sus leyes electorales: Francia, Polonia, Hungría, Bélgica, Croacia, Rumanía, Letonia…
La negativa del Gobierno evidencia que el tabú de la reforma de la ley electoral española (la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, promulgada en 1985) sigue enquistado en la maquinaria del Estado, condicionando el normal desarrollo de la actividad política en España.
La fórmula D’Hondt aplicada a los resultados de las elecciones, y la división en circunscripciones provinciales, favorece claramente a los partidos mayoritarios. Es decir, a aquellos que obtienen un alto porcentaje de los votos en la mayoría de las provincias: PP y PSOE.
Pero también a los partidos nacionalistas con una representación mínima, pero muy concentrada en unas pocas provincias: ERC, EH Bildu, Junts, PNV, BNG y otros partidos menores.
Por contra, perjudica claramente a los partidos con implantación nacional, pero porcentajes de voto más pequeños. Ese ha sido el caso tradicionalmente de partidos como UPyD o Ciudadanos, que con porcentajes de votos muy superiores a los de los partidos nacionalistas han visto como sus escaños se encarecían en algunas provincias hasta convertirlos en imposibles.
En casos extremos, el porcentaje de votos que necesitan estos partidos para obtener un solo escaño se eleva hasta el 15% e incluso al 20% de los votos en algunas provincias.
En las elecciones generales de 2023, por ejemplo, los escaños de PP y PSOE costaron 59.000 y 63.000 votos cada uno.
PNV y EH Bildu los consiguieron con poco más de 55.000 votos, y Junts y ERC, con 56.000 y 66.000.
Por contra, los escaños de Vox costaron 91.000 votos, y los de Sumar, el más perjudicado de todos los partidos españoles, 97.000.
Ninguna ley electoral carece de puntos débiles y es inevitable que las provincias pequeñas sobrerrepresenten a sus partidos regionales dado que la alternativa más extrema, la de la proporcionalidad pura, provocaría que estos tuvieran prácticamente imposible obtener representación. En 2019, por ejemplo, Teruel Existe obtuvo un escaño con apenas 19.800 votos.
Pero la sobrerrepresentación de los partidos separatistas ha acabado convertida en un problema de primer orden para la democracia española ya que ha permitido que partidos que en los años ochenta y noventa se movían en el terreno del nacionalismo moderado hayan acabado boicoteando, tras su mutación en independentistas, cualquier intento de llevar a cabo una política común.
Precisamente lo que se pretendía evitar con una ley electoral que huía de la proporcionalidad pura.
La misión de la UE no hará que el debate de la reforma de la ley electoral se sitúe como por arte de magia en el centro de las prioridades de los españoles. Pero es una señal de alerta más sobre la insostenibilidad de un sistema que premia la insolidaridad de los partidos regionalistas mientras perjudica gravemente a las fuerzas con representación y vocación nacional.