Un análisis aparecido este viernes en The Telegraph ha resucitado casi un mes después la polémica sobre el gran apagón.
El diario inglés sostiene, a partir de «fuentes de Bruselas», que el Gobierno de España estaba haciendo un «experimento» para demostrar que la red eléctrica podía aguantar con récords de generación renovable cuando ocurrió el apagón en la Península Ibérica el pasado 28 de abril.
El objetivo de estas pruebas era probar hasta dónde podría aumentar la dependencia de las energías renovables, en preparación para la «rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir de 2027».
Esta teoría ha irritado al Gobierno, que la considera un «delirio». Pero lo cierto es que la tesis resulta verosímil. Entre otras cosas, porque no nos ha brindado ninguna otra explicación mejor. Al Gobierno no puede extrañarle que, ante la ausencia de información oficial, sean otros actores los que estén intentando rellenar ese vacío.
Pero la explicación que aporta The Telegraph es plausible, fundamentalmente, porque está alineada con la hipótesis que han venido sosteniendo desde el primer momento casi todos los expertos y las empresas eléctricas.
Porque haciendo abstracción del juicio de intenciones que podría desprenderse del término «experimento controlado que salió mal», lo que parece cada vez más claro es que el Gobierno estaba obceado en aumentar de forma temeraria la cuota de renovables en el mix energético sin haberse dotado de una red adaptada a este incremento. Y que la desconexión en cadena y el cero absoluto fueron el resultado de un sistema sin la inercia suficiente para reequilibrarse ante alteraciones bruscas de la frecuencia como la que se produjo aquel día.
Al fin y al cabo, el Telegraph se ha hecho eco del comunicado de esta semana de AELEC, la patronal de las eléctricas, que ha señalado que el Gobierno ignoró los avisos que supusieron las oscilaciones de tensión durante la mañana del 28 de abril y los días previos.
Con la información del diario británico, gana fuerza la impresión que, entre otros muchos, ha sostenido este periódico: que el Gobierno está escenificando una investigación de dudosa credibilidad centrada en los momentos inmediatamente anteriores al colapso para desviar la atención del «elefante en la habitación». A saber, que fue la red y no los generadores los que fallaron, por mucho que Beatriz Corredor insista en que el papel de Red Eléctrica fue irreprochable.
Pero desviando el debate de los problemas de la red puede también eludir la responsabilidad que le corresponde sobre la operadora del sistema y sobre la obsolescencia de la red.
Y hay evidencias suficientes para sostener que el Gobierno no ha acometido las inversiones necesarias para la modernización de las redes de transporte y distribución que debe acompañar a la transición hacia un modelo energético 100% renovable. Principalmente, tecnologías capaces de compensar la flexibilidad que le resta al sistema el predominio de la generación renovable.
Es comprensible que el Gobierno no esté aún en condiciones de dar una explicación técnica completa al apagón. Pero esto no debería ser un impedimento para aportar alguna hipótesis a expensas de los detalles técnicos que pueda revelar más adelante la investigación. Máxime cuando Moncloa se apresuró a avivar la tesis del ciberataque y, una vez descartado esta, elucubrar sin fundamento sobre otras posibilidades como un «fallo humano» o un «sabotaje interno».
Y es que no puede dejar de recordarse que lo que ocurrió el 28 de abril fue un colapso sin parangón en ningún país europeo desarrollado en la historia reciente. Por lo que resulta pasmoso que no haya habido hasta la fecha ni un sólo cese por responsabilidades políticas. Al contrario, el Gobierno y Red Eléctrica prácticamente han presumido de gestión.
Curiosamente, en ninguna de las especulaciones manejadas aparece nada que pueda aludir a la negligencia de impulsar de forma imprudente la agenda verde hasta el límite sin adaptar las infraestructuras para que puedan lidiar con ella. Y a la vista de que este Gobierno ha demostrado reiteradamente su aversión a la rendición de cuentas (que en este caso conllevaría indemnizaciones millonarias), no puede escandalizar a Moncloa que cada vez cunda más la impresión de que en realidad no está interesada en iluminar las causas del apagón.