Sacar a España de Cataluña

No es cierto que los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas estén desinflando el procés y derrotando al independentismo. Lo que Junqueras y Puigdemont están haciendo es sólo una corrección de la deriva separatista, pero el puerto de arribada sigue siendo el mismo: la independencia. Son conscientes del fracaso que supuso en octubre de 2017 la intentona de separar a Cataluña del resto de España. Por eso, han cambiado de estrategia. Saben que la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y su decisión de ceder y transferir lo que le pidan a cambio de seguir en el poder, les ha puesto en bandeja un camino sinuoso, sutil y enmascarado que les conduce a la puerta falsa sin hacer ruido.

El primer paso es sacar a España de Cataluña. Han sustituido la estrategia del choque frontal con el Estado por una escalada de cesiones y trasferencias sin precedentes con las que amplían el poder de la Generalitat y debilitan al Gobierno de la nación. Y así hasta que se esfume la presencia del Estado en Cataluña, o quede en una posición tan residual y débil que la independencia llegue por la vía de los hechos consumados, como fruta madura que cae del árbol y sólo hay que recoger. Descartaron el choque frontal porque recuerdan que tuvo como resultado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la cárcel para muchos y la huida del presidente de la Generalitat escondido en el maletero de un coche.

Se equivocan o fingen equivocarse quienes creen que el separatismo está perdiendo apoyos o en retirada, porque los sondeos den una cierta bajada del número de catalanes que dicen ser partidarios de la independencia; el 37 %, según la última encuesta del CEO catalán. Pero la realidad es que muchos ciudadanos, escarmentados por lo que ocurrió en 2017, han adoptado una posición expectante y pasiva, que se reactivará en cuanto el viento sople a favor del independentismo con la suavidad de la brisa y no con la fuerza de la ventisca, como ocurrió entonces. Pedro Sánchez y sus palmeros llaman «normalización» a esa estabilidad aparente, y en su deseo de mantener el apoyo de los separatistas no dudan en hacer afirmaciones sonrojantes como las de Salvador Illa el pasado día 12, cuando dijo de un prófugo de la justicia como Puigdemont: «Le tengo el máximo respeto».

La riada de cesiones, que van desde el borrón y cuenta nueva de los delitos que se cometieron en 2017 hasta las transferencias en fronteras y aeropuertos, han marcado el camino de la nueva estrategia separatista. Pero la más grave de todas, la que de verdad amenaza la unidad de nuestra nación, es la trasferencia a la Generalitat de la Agencia Tributaria. El Gobierno de Pedro Sánchez trata de ocultar esta cesión íntegra de la recaudación, gestión y control de los impuestos con el eufemismo de «financiación singular». Pero si se consuma, y el plazo es el 30 de junio, la independencia de Cataluña puede ser un hecho irreversible.

Un amigo y muy destacado jurista recordaba estos días que los tres pilares que aseguran la existencia de un Estado son la Hacienda, la Justicia y las Fuerzas de Orden Público. Pero de los tres, la Hacienda es el pilar clave porque quien tiene los dineros públicos controla el funcionamiento de los otros dos. Sin Hacienda no hay Estado, y esto lo saben Puigdemont y Junqueras: si el Estado español pierde el control de los impuestos en Cataluña, la independencia estará servida.

Y todo ocurre ante la mirada impasible y el silencio de tantos dirigentes históricos del PSOE que ven cómo se está desmontando lo que ellos contribuyeron a construir hace más de cuarenta años. Unos por un erróneo sentido de la lealtad partidista, y otros por mantener las ventajas que da la cercanía al poder.

Para consumar su objetivo, los partidos independentistas pretenden recuperar el control de la Generalitat porque en su fuero interno la consideran como algo propio que no debe estar en manos «extrañas». Desde las primeras elecciones autonómicas de 1980 los separatistas han gobernado 38 años y los socialistas —Montilla, Maragall e Illa— sólo siete.

Luego tocará culminar el control de CaixaBank, donde ya han dado algunos pasos, aunque ese es un hueso más duro de roer. Sus directivos tienen bien presente que, tras el referéndum ilegal de 2017, en una semana salieron en estampida más de 15.000 millones de depósitos. Para taponar la sangría hubo que reformar la ley de un día para otro con el fin de que el consejo de administración, y no la junta general, pudiera decidir el cambio de domicilio social a Valencia. Y allí sigue.

Pero ese control, con ser importante, es secundario porque transferir a la Generalitat la Agencia Tributaria y la recaudación integral de los impuestos es abrir la puerta por la que emprenderían la fuga. La fuga sin retorno.