Sin paños calientes: el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo es una golfada. Un evidente fraude de ley que de rebote causa notable perjuicio a una figura jurídica esencial en la protección de la inmunidad parlamentaria. Una maniobra de ventajismo desaprensivo contra uno de los principios básicos de la democracia como es el de la igualdad ante la ley y el sometimiento a la justicia a través de la jurisdicción predeterminada. Una indecorosa desviación de poder, con el añadido del abuso de un privilegio concebido para amparar el derecho de representación ciudadana. La enésima artimaña de la nomenclatura sanchista en su intento de retrasar, a base de retorcer las normas, la inevitable rendición de cuentas de su corrupción orgánica.

Pero conviene centrar con precisión el foco de las responsabilidades. La iniciativa de esta tramposa operación no es de Gallardo sino de la Moncloa, es decir, de Pedro Sánchez. Y el objetivo no es proporcionar un burladero al presidente de la Diputación de Badajoz, cuya suerte penal no importa a casi nadie, sino ofrecer al hermano del jefe del Gobierno una vía de escape. La relevancia política del asunto está en la parte contratada, no en la contratante. Se trata de aforar por vía indirecta al familiar enchufado en la esperanza de que el Tribunal Superior de la autonomía acuda en su rescate anulando o revocando la instrucción original o, en su defecto, emitiendo un veredicto favorable.

Lo han hecho sin pudor. O sea, sin vergüenza. Nunca la han tenido a la hora de saltarse convenciones, precedentes, barreras éticas, y de perderle el respeto a las reglas. A sabiendas de que el descaro de una treta tan obscena lamina cualquier atisbo de credibilidad al líder de la oposición extremeña, a quien Guardiola o sus subalternos podrán vapulear cada vez que intente hablar en la Asamblea. La prioridad es salvar al ‘Baremboim de Elvas’, o como mínimo retrasar el juicio abierto por la jueza. Ese interés evidente manifiesta por un lado la mala conciencia ante el impacto público de la vista oral, y por otro el temor a las consecuencias de una eventual condena que dejaría la honorabilidad del presidente en quiebra.

El episodio deja una muesca más en la culata del revólver de un gobernante acostumbrado a pasar por encima de toda instancia que oponga resistencia a su liderazgo. El del ‘hermanísimo’ es un aviso de lo que puede suceder en los otros casos cruciales de este mandato, los de Begoña Gómez, el fiscal general o el exministro Ábalos: quienes se atrevan a llevarlos adelante tendrán que enfrentarse al juego sucio del poderoso aparato del Estado. La continua malversación institucional de Sánchez ha vaciado de sentido los mecanismos de contrapeso democrático y ha convertido el sistema entero, de arriba abajo, en una carcasa hueca sin más función que la servir de decorado a un modelo de poder autocrático.