En la tabla de equivalencias de la indignidad política, ¿qué pesa más? ¿Prostitutas ‘enchufadas’ en empresas públicas?, ¿un secretario de Organización corrupto?, ¿los rescates de empresas a medida de amigos privilegiados?, ¿una cátedra regalada?, ¿un hermano contratado en una Diputación porque sí?, ¿un fiscal que destruye pruebas?, ¿un Tribunal Constitucional que toma decisiones inconstitucionales? ¿O comprarse un aforamiento?

El 17 de septiembre de 2018, muy poco después de tomar posesión como presidente, Pedro Sánchez anunció un plan para restringir los aforamientos, que impiden a los políticos ser investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. El anuncio, bienqueda donde los haya, tenía truco. La medida iba a afectar a todos los cargos que hubiesen cometido alguna infracción penal al margen de su actividad pública, de modo que si salpicaban a la esfera privada, perderían la ventaja del aforamiento. Además, requería un cambio constitucional, y eso en la España del muro es imposible. Así que todo quedó en una ‘boutade’, en la primera charanga de Sánchez. De hecho, todo se limitaba a un anuncio propagandístico y populista para que el entonces líder del PP, Pablo Casado, perdiese el aforamiento. Por entonces se investigaba si fue favorecido de forma fraudulenta para concluir en sus estudios universitarios. No había más fondo en la iniciativa de Sánchez. En aquellos días había en España 17.621 aforados en el ámbito de la política y la justicia, y el discurso del Gobierno era claro: “Se trata de acabar con aforamientos que no son por la actividad política y son un privilegio, para que todos estén en condiciones de igualdad”.

De infantil, el argumento de Gallardo para aforarse es insultante. “Quiero ganarme ser presidente y para eso es imprescindible ser diputado”. La pregunta resulta facilona: ¿justo hasta ahora que ha sido procesado junto a David Sánchez no quería ser presidente?

¡Ah! Con la igualdad hemos topado. Bendita palabra en boca de cualquier progresista ejemplar. Así lo dijo el propio Sánchez en la presentación del acto ‘Avanzamos’, en la Casa América de Madrid, al cumplir sus cien primeros días de gobierno: acotar los aforamientos es una medida “para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política y ofrecerles una señal relevante, inequívoca, de ejemplaridad, solidaridad y empatía”. Qué mal envejecen las palabras en el sanchismo. Esta semana, la diputada socialista en la Asamblea de Extremadura María de la Cruz Rodríguez Vegazo, amiga, cómplice y confidente del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presentó formalmente su renuncia al acta de diputada, dejando vía libre para que él sea diputado autonómico, y por tanto aforado ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño. Y tras ella, cuatro diputados no electos han tenido que renunciar al turno que debía correr en su favor porque la orden de ‘arriba’ es dejar pista a Gallardo.

Gallardo ha sido procesado junto a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. A ambos la juez instructora les atribuye un plan, un ‘jessicazo’, para adjudicar al hermano del presidente del Gobierno una plaza de director músico en el cortijo de la Diputación de Badajoz. Y al no estar Gallardo aforado, el enjuiciamiento de ambos correspondía a la Audiencia Provincial de Badajoz. No es cierto que Gallardo quiera “confrontar mejor” en la Asamblea como líder de la oposición con la presidenta extremeña, María Guardiola. Gallardo ha querido ocupar un escaño puenteando a varios compañeros socialistas sólo cuando ha sido procesado, no antes. Eso es ser desprendido, y no lo de Koldo con los sobres para José Luis. Esa generosidad de parlamentarios panolis de quita y pon, su disciplina inmolada de ‘todo por el jefe’ en este PSOE militarizado, enternece. La contrapartida –“ahora para compensarla nómbrala subdelegada del Gobierno”— ha dado con un delegado del Gobierno, sanchista para más señas, que se ha plantado y ha dicho que no. Al menos, alguien se le repunta a Sánchez, un brote verde en el páramo de integridad que es el PSOE.

Todo es un intento desesperado por retrasar el proceso penal en busca de jueces más receptivos, de ‘pumpidos de TSJ’, al menos hasta que el pumpido de verdad decida dar por cancelado el proceso bajo el argumento jurídico de que la ‘Danza de las chirimoyas’ sí era una obra maestra

La cuestión, de burda, es simple: la maniobra forzada por Gallardo para protegerse consiste en que al hermano de Sánchez lo juzgue un órgano diferente a la Audiencia de Badajoz. Y todo, por la única y sencilla razón de que durante toda la investigación la Audiencia no solo ha ratificado todas las decisiones de la juez instructora, sino que ni una sola vez ha ofrecido muestras de avalar un solo recurso de David Sánchez. Todo se resume en esto: los procesados esperan en el Tribunal Superior un banquillo más mullido que en la Audiencia.

Lo relevante es que el pasado mes de enero, Gallardo, tras alegar con infantilismo ante la juez que no pudo influir en el fichaje de David porque él no era simpatizante de Pedro, dijo que no se le había pasado por la cabeza tomar posesión del acta de diputado. Enero. Gallardo en Canal Extremadura Radio. “Alguien podría pensar que me voy corriendo a la Asamblea para evitar el proceso judicial. Ya ven que no”. Mayo. Gallardo ante la Prensa: “Quiero ganarme ser presidente y para eso es imprescindible ser diputado y estar en el templo de la palabra”. La pregunta resulta facilona: ¿justo hasta ahora que ha sido procesado con David Sánchez no quería ser presidente?, ¿no quería estar antes en el “templo de la palabra”? Sin duda, la juez se ha equivocado de delito: no se trata de tráfico de influencias, sino de tráfico de desvergüenzas.

Ya se maneja como un ejercicio de normalidad la insólita teoría de que el Congreso pueda llegar a negarse a conceder suplicatorios a la Justicia si el aforado es un ‘pata negra’ del sanchismo. Sería el enésimo fraude constitucional.

Gallardo es un ventajista. Una coartada instrumental, un ejemplo del fraude en que algunos están convirtiendo la actividad política. Es el paradójico alfil antisanchista que protege al rey sanchista. Como para aclararse. Encarna la evidencia de cómo Sánchez ha diseñado el PSOE como un insólito ejército de clones con principios y valores averiados. Lo demás es solo mansedumbre lanar. No querían ser una casta de privilegiados, pero pelean y fulminan a amigos diputados para serlo, y lo venden como un alarde de dignidad. ¿Es ilegal lo que hace Gallardo? No, pero demuestra lo más viscoso de las tripas políticas, el oportunismo o la obsesión por la supervivencia. Revela en definitiva el intento desesperado por retrasar el proceso penal en busca de jueces más receptivos, de ‘pumpidos de TSJ’, al menos hasta que el pumpido de verdad decida dar por cancelado el proceso bajo el argumento jurídico de que la ‘Danza de las chirimoyas’ sí era una obra maestra.

Gallardo demuestra la incapacidad de muchos por vivir fuera de la política, la carencia de escrúpulos y la resignificación de la ética pública. Son los aforaditos ofendiditos para los que el fin justifica los medios, aunque medie una estafa moral. Para aborrecer los privilegios de linaje, esta clase de aforada alcurnia hace exactamente lo contrario de lo que proclama. Y tienen la cachaza de alegar que es para estar en el “templo de la palabra”, o sea, un modo como otro cualquiera de insultar al ciudadano. Fallido el ‘templo de la música’ y con ‘La danza de las chirimoyas fundida en negro’, sólo quedan dos cosas por hacer. Retrasar el banquillo a David Sánchez todo lo posible con jueces nuevos… Y volver a recordar las palabras textuales del presidente del Gobierno: acotar los aforamientos servirá “para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política y ofrecerles una señal relevante, inequívoca, de ejemplaridad, solidaridad y empatía”. Es curiosa, solidaria y empática esta salubridad democrática, en un contexto además en el que ya se maneja como un ejercicio de normalidad la insólita teoría de que el Congreso pueda llegar a negarse a conceder suplicatorios a la Justicia si el aforado es un ‘pata negra’ del sanchismo. Sería el enésimo fraude constitucional, pero en esta España ya nos empieza a caber el Titanic de canto.