El próximo, inminente capítulo del relato de la ‘cacería’ consiste en la estigmatización de la UCO como policía política. Y está al caer, en cuanto el informe sobre Santos Cerdán llegue, si no lo ha hecho ya, a manos del juez que investiga la trama de Ábalos, Aldama y compañía. El argumento tiene plena lógica narrativa: si existe una estrategia de ‘lawfare’, de persecución judicial contra el Gobierno socialista, es natural que participen en ella todos los instrumentos de la justicia. El sintagma de la ‘UCO patriótica’ ha asomado ya en la periferia mediática del sanchismo y pronto pasará a los portavoces encargados de oficializar las consignas. La reciente intervención de Sánchez en el Parlamento, la de la difamación de ‘personas honestas’, era una orden de cierre de filas. Y si el citado dosier no es de una contundencia probatoria inapelable –quizá también aunque lo sea–, su descalificación se convertirá en el eje de una contraofensiva en toda línea.

Cerdán es la última barrera de Sánchez y va a recibir un trato bien diferente al de Ábalos. Sobre el exministro recae demasiado peso indiciario para que el partido y el Ejecutivo se comprometan a ampararlo. Sin embargo, en torno al actual secretario de organización están dispuestos a levantar un vallado, bien porque confíen en su honestidad o porque sepan que su caída arrastraría la ya endeble estructura de este mandato. De hecho, el último congreso lo blindó en su cargo y él se permitió desacreditar desde la tribuna a la oposición, el periodismo y los magistrados. En la Moncloa creen que un eventual paso en falso de la UCO puede servir de palanca para deslegitimar el resto de los casos que afectan al hermano y la esposa del presidente y al fiscal del Estado. La teoría de la conspiración como base de un enroque victimista, casi paranoico, asentado en la denuncia preventiva de un supuesto ‘golpe blando’ contra el poder democrático.

El objetivo es triple. Primero, salir de las cuerdas, encontrar un método inmediato de autodefensa. Segundo, cohesionar al deprimido electorado de izquierdas, reagrupar sus dispersas fuerzas con la clásica técnica de la agresión externa, en este caso por parte de la ultraderecha emboscada en la judicatura (procesos injustos), la prensa (escándalos ficticios) las compañías eléctricas (sabotajes) y ahora en las fuerzas de seguridad (filtraciones de sospechas inciertas). Y por último, preparar una coartada para el lanzamiento de una batería legislativa de reformas institucionales con las que dar otra vuelta de tuerca al control político del sistema. El asunto ya no va de cortinas de humo sino de un ataque con toda la maquinaria propagandística a la máxima potencia y dirigentes, militantes, líderes de opinión y simpatizantes en formación de guerra. Porque de eso se trata: del último y decisivo frente de resistencia en el que más de uno se juega la trena.