- La pregunta es si darle la libertad a unos delincuentes y concederles el borrado de sus delitos como método para «reducir conflictos políticos» no es más bien satisfacerles concediéndoles la impunidad.
Nadie en la Moncloa podrá quejarse del excelente trabajo de orfebrería jurídica que ha realizado la magistrada progresista Inmaculada Montalbán para sintonizar lo que dice la Constitución con las necesidades políticas de Pedro Sánchez. No era trabajo fácil.
Porque el trabajo de Montalbán no era analizar la constitucionalidad de la ley de amnistía, sino analizar la sanchidez de la Constitución.
Y ahora ya sabemos que la Constitución es sanchista siempre y cuando se la estruje y se la interprete, con el grado de torsión que haga falta, en el sentido más conveniente a las urgencias políticas del padre de nuestra recién nacida democracia patrimonialista.
Pero a quien ha nacido para martillo sanchista, todas las constituciones le parecen clavos.
Dice por ejemplo la magistrada Montalbán, medalla de oro de Andalucía de manos de Antonio Griñán en 2012, el mismo Griñán cuya condena por el caso de los ERE fue anulada por el Constitucional en 2024, que la justificación de la ley es la de «mejorar la convivencia, la cohesión social y la paz ciudadana».
Y a Montalbán lo de mejorar la convivencia, la cohesión social y la paz ciudadana le parece «claro” y “muy alejado de meras referencias generales imprecisas”.
Uno se pregunta qué puede haber más impreciso, genérico y perezoso que apelar a «la convivencia, la cohesión social y la paz ciudadana», que es algo que podría decirse hasta de una multa de tráfico o de una rotonda en medio de los Monegros.
Pero qué más da ya todo.
Dice luego la ponencia que la amnistía responde a un objetivo de interés general y no a un capricho o voluntarismo.
Que el presidente, como es público y notorio porque ha sido publicado y reconocido por los propios interesados, se comprometiera en 2023 a conceder la amnistía a golpistas y malversadores a cambio de su investidura como presidente del Gobierno tras haber perdido las elecciones frente a Alberto Núñez Feijóo no merece la más mínima sospecha.
La amnistía responde al interés general porque lo dice el preámbulo de la ley y aquí paz y después gloria.
¿Cuándo ha mentido Sánchez, eh? ¿Cuándo?
¿Y para qué ir más allá de la literalidad y analizar las verdaderas intenciones de los autores de la ley de amnistía?
Donde sí va la ponencia más allá de la literalidad es en la propia Constitución. Porque cuando la norma dice que se prohíben los indultos generales, que tienen consecuencias jurídicas, políticas y sociales mucho menos lesivas que las de una amnistía, lo que está queriendo decir en realidad la Constitución, aparentemente, es que se prohíben los indultos generales, pero quedan permitidas las amnistías.
«Quien prohíbe lo menor permite lo mayor». Así interpreta la Constitución la ponencia.
Pero no tergiversemos la voluntad de la ponente, que ya se ocupa ella de tergiversar la literalidad de la Constitución. Lo que ocurre, en realidad, es que Montalbán no se mete en política (sabio consejo de Francisco Franco) y que se limita a analizar la constitucionalidad de la norma.
Donde sí se mete, ya lo hemos visto, es en la pachamama con la que los autores de la norma la justifican. Ahí sí se mete la ponente en razonamientos políticos, pero para decir que todo suena impecable, claro y preciso. Por lo visto, Montalbán no se mete en política cuando no le conviene, pero sí se mete cuando dice que el objetivo de garantizar la convivencia concediéndole la impunidad a un puñado de delincuentes es un noble objetivo social que despeja el camino de la juridicidad de la norma.
Lo de las buenas intenciones sanchistas como criterio interpretativo de la Constitución no lo habíamos visto venir, ¿eh?
La igualdad de todos los españoles del artículo 14 de la Constitución y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.3 también son tratados en la ponencia como pequeños obstáculos que Montalbán sortea con la misma facilidad con la que los españoles bajamos los bordillos de las aceras: de forma automática e inconsciente, casi sin pensarlo.
Una más. Que los autores de la Constitución, aprobada en 1978 por el 87,87% de los españoles, rechazaran de forma explícita la posibilidad de que la norma permitiera las amnistías o los indultos generales tampoco supone mayor problema para Montalbán.
Ella dice que lo que no está prohibido está permitido, y deja la Caja de Pandora abierta para que cualquier sátrapa haga con el Estado de derecho español lo que le se le antoje siempre y cuando haya logrado colocar en el Tribunal Constitucional a los devotos suficientes. Del positivismo jurídico a la arbitrariedad del presidente del Gobierno como quien pasa de la ley a la ley, oigan.
Porque la ley, claro, es lo que diga quien tiene el poder para interpretarla, independientemente de la literalidad y el sentido de la norma. Ahí la lleváis, positivistas: este es el mundo que habéis creado.
Luego, sólo se trata de interpretar el texto de acuerdo a una lógica disparatada, irrazonable e irracional, en sintonía con ese dicho catalán que reza embolica que fot fort, traducible en español por algo así como «sólo faltaba el del duro» o, más libérrimamente, por «tú tira p’alante y que salga el sol por Antequera».
Dice también la ponencia, y aquí parafraseo, que reducir conflictos políticos mejora la convivencia social al facilitar la integración de sensibilidades políticas divergentes y superar tensiones acumuladas, lo que permite avanzar hacia una mayor cohesión social y paz ciudadana.
Esto también es claro y preciso. Y para nada voluntarista.
Aquí haría falta en cualquier caso un exegeta para analizar si estamos frente a la «reducción de un conflicto político» en sentido estricto o más bien frente a la impunidad de un puñado de delincuentes a cambio de sus votos en el Congreso de los Diputados.
Pero de momento dejo la duda aquí para que el lector reflexione sobre tan honda y dificultosa cuestión.
A fin de cuentas, matar al paciente también es un modo de acabar con el cáncer. Donde el paciente es la Constitución, y el cáncer, la escasez de diputados de Pedro Sánchez.
El Tribunal Constitucional ha muerto; viva el Tribunal Inconstitucional.