Entre penar con siete años la ‘okupación’ de inmuebles, como Meloni, y protegerla como Sánchez existe una amplia escala de soluciones razonables y civilizadas sin necesidad de recurrir a medidas autoritarias. Pero después de dos leyes de vivienda en dos años, el Gobierno de España continúa amparando la inseguridad jurídica del alquiler y restringiendo de facto el derecho a la propiedad privada. Los resultados están a la vista: el mercado se ha restringido y el problema de escasez, lejos de mejorar, figura en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas. Las facilidades al impago y los obstáculos al desalojo de los domicilios invadidos han entorpecido aún más la búsqueda legítima de casa al subir hasta un 25 por ciento la renta y provocar un frenazo de la oferta inmobiliaria.

Si el Ejecutivo está integrado y/o apoyado por partidos surgidos del movimiento ‘okupa’, lo normal es que se acabe notando. El fenómeno que causa más alarma social, el del asalto, está blindado mediante una enrevesada trama de obstáculos al procedimiento de desahucio. Y el de la morosidad sobrevenida, la llamada ‘inquiokupación’, causa estragos entre los propietarios de pisos arrendados y los empuja a la venta con el consiguiente efecto de precios cada vez más altos. Eran éstas unas consecuencias tan evidentes que el mismo presidente calificó el proyecto de «negociazo» –para las mafias del allanamiento y los grandes inversores– en sus conversaciones con Ábalos… justo antes de darle su beneplácito.

En Italia hablan de «abusivismo» para justificar el brusco aumento de pena de un delito que en nuestro país tiene mínimo castigo. Allí como aquí existe una amplia inquietud ante la transformación de la usurpación domiciliaria en un simbólico fetiche político del nuevo izquierdismo. Más allá, sin embargo, del ruido causado por este método conflictivo, el mayor impacto en la contracción de los alquileres lo causa la exagerada tutela del incumplimiento contractual de los inquilinos. Por bienintencionado que quiera ser ese marco legal ha derivado en un serio perjuicio al propio fin para el que fue concebido.

No hace falta que nadie se pudra en la cárcel. En el Congreso languidecen dos proposiciones legislativas sobre desalojos ágiles, presentadas por el PP y Junts –en Cataluña se localiza la mitad de las ocupaciones españolas– y bloqueadas en la Mesa por los grupos gubernamentales que se niegan a admitirlas a trámite. En este punto ni siquiera Puigdemont es capaz de imponer su chantaje. Se trata de una bandera irrenunciable para ese ‘progresismo’ que clama por la carencia de vivienda al cabo de siete años de mayoría gobernante. Esperar frutos diferentes a base de insistir en experiencias ineficaces no sólo representa una renuncia al aprendizaje: es una demostración de sectarismo enrocado contra el principio de realidad en una burbuja de superioridades morales.