Ya no es una cloaca. El informe de la UCO, ése que algunos listos pensaban descalificar como producto de una intriga conspiradora, ha reventado todo el sistema de alcantarillado y el turbión de mierda sube hasta los pisos altos de Ferraz y de Moncloa, que tanto monta porque todas las decisiones que importan las toma en un sitio y en otro la misma persona. El término «organización criminal» impide la continuidad de un dirigente que llegó al poder encaramado en una promesa de regeneración ética. O al menos lo impediría en cualquier democracia de calidad media, incluso baja, que no estuviera sometida a la degradación de la nuestra. Pero en España, donde un fiscal general procesado se siente habilitado para destruir pruebas, aún es posible que el presidente imponga la estrategia de la resistencia y que sus socios y gran parte de sus sectores de apoyo la prefieran antes que la convocatoria de unas elecciones de previsible resultado favorable a la derecha.

Ésa es ya la única cuestión pendiente de la legislatura: la de hasta cuándo y hasta dónde aguantarán con la nariz tapada los aliados de un Ejecutivo acosado por los escándalos. La de qué más tiene que pasar para que alguno de los partidos que respaldaron la investidura se avergüence de seguir colaborando con un latrocinio desorejado. Quizá sea mucho esperar de un racimo de golpistas convictos, extorsionadores profesionales y albaceas de asesinos pendientes de alivio penitenciario. Este mandato no es más que una coalición de delincuentes unidos en el proyecto común de un saqueo al Estado. Por lucro personal, por fanatismo ideológico, por convicción de superioridad identitaria, por ambición narcisista o por oportunismo, unos y otros han confluido en una alianza de intereses recíprocos cuyo objetivo es garantizarse la inmunidad de los delitos que han cometido. No hay más, el resto es basura retórica, quincalla exculpatoria, ‘bullshit’ político.

La corrupción económica, el cohecho crudo, es sólo parte y consecuencia de una naturaleza moral podrida. Si el líder ha plagiado una tesis, intentado un pucherazo –o dos, según sabemos ahora– contra sus propios compañeros, enchufado a su familia, adulterado las instituciones, blanqueado a terroristas, faltado a su palabra, comprado votos con una amnistía y tal vez autorizado operaciones sucias contra la Guardia Civil y la Justicia, es lógico que sus subalternos hayan subastado obras públicas a cambio de mordidas o colocado amantes camufladas de sobrinas. La ausencia de principios y de escrúpulos otorga una sensación de prepotencia que intoxica como una borrachera de hegemonía bajo cuyos efectos cualquier arbitrariedad se antoja permitida. Y ese síndrome autocrático, cesarista, acaba por contagiar a todo el entorno y engendrar una atmósfera de impunidad colectiva en la que poner el cazo no causa más remordimiento que decir una vulgar mentira.