Pero si este colapso no brindase el acicate suficiente para que la derecha se decidiera a subsanar las deficiencias de la Constitución de 1978 que las últimas crisis han hecho aflorar, sí debería hacerlo un ejercicio de prospección del horizonte programático de la izquierda.

Hace unos años, el ex consejero aúlico de Pedro Sánchez y vendehúmos profesional Iván Redondo explicitó la verdadera agenda 2030 del Gobierno progresista: un referéndum para conocer si los españoles quieren reformar la Constitución.

«El primero que dé el golpe acertará», sentenció.

Esta expresión, vinculándose a un Gobierno que perdonó y pidió perdón por el golpe de Estado catalán, resulta estremecedora. Pero no deja de anticipar un movimiento perspicaz.

Y no es fantasioso postular que, si el bloque progresista ve definitivamente amenazado su imperio y tiene la oportunidad, se lanzará a un proceso constituyente de la mano de la mayoría plurinacional con la que mantiene una simbiosis parasitaria.

Hacia un nuevo modelo federal y republicano con un Poder Judicial maniatado y con los órganos de control sometidos al Poder Legislativo para hacer inviable la alternancia política.

Al fin y al cabo, sería el desenlace lógico del proceso (la españolización del procés) que está desplegando el Gobierno. Sería la formalización del cambio de régimen que, de facto, ya se ha inaugurado con la aprobación de la amnistía.

La inminente convalidación de la hasta ahora inconstitucional ley de amnistía es la manifestación por antonomasia de la lógica jurídica que vehicula esta nueva y callada Transición («de la ley a la ley»).

Lo que ha venido cuajando el Gobierno de Sánchez es una «mutación constitucional» (Virgilio Zapatero). Es decir, a través de la práctica (promulgar normas o inaplicar otras), se modifica el sentido y el funcionamiento de la Constitución sin violarla expresamente ni reformarla formalmente.

El catalizador de esta adulteración es el Tribunal Constitucional, que avalando estas transgresiones permite alterar el espíritu de la Constitución sin tocar su letra, mediante una interpretación constructivista del texto que metamorfosea la Constitución normativa en una Constitución abierta (Ruiz Robledo).

La norma fundamental se va así desvirtuando, en un proceso de desconstitucionalización (Muñoz Machado) que deja los preceptos constitucionales sin efecto y hace que el texto pierda su carácter de ley suprema.

A la vista de que las ambigüedades y contradicciones del texto de 1978 han permitido su incumplimiento, ¿qué sentido tiene que la derecha siga idolatrando la Constitución e invocándola como amuleto contra las deformaciones del sanchismo?

Gracias a Sánchez, hemos comprobado que basta con que un gobernante decida no someterse a las convenciones políticas para avanzar sin frenos hacia un modelo autoritario sin separación de poderes.

El propio Sánchez ha reconocido explícitamente en su última rueda de prensa que no piensa convocar elecciones para no perderlas. Y, por tanto, reconoce implícitamente que ha perdido el favor mayoritario que le inviste de autoridad.

Lo cual es tanto como colocarse de facto en una posición de usurpación.

Pero ninguna de las vías de destitución de un presidente contempladas por la Constitución sirven para evitar que un gobernante que ha perdido la legitimidad de ejercicio se atrinchere en el poder.

Naturalmente, la Constitución de 1978 no podía prever la aparición de un desaprensivo que se mostrase irreverente ante cualquier línea roja. Pero, precisamente, se trataría de dotarse de una Constitución que no pueda ser eludida por quien se muestra desleal a su espíritu. Que no fíe su cumplimiento a unos consensos morales veleidosos que han dejado de existir (si es que alguna vez han existido).

Cuestión aparte es si la derecha podrá reunir la mayoría cualificada requerida para reformar la norma fundamental, así como el contenido concreto de esta reforma.

Pero una cosa está clara: o reformas la Constitución, o te la reforman.