Editorial-El Español

Como ha hecho tantas otras veces en el pasado, Pedro Sánchez ha encontrado en el aumento del gasto militar al 5% del PIB que exige la OTAN un nuevo clavo ardiendo al que aferrarse para desviar el foco de la atención de los escándalos que pesan hoy sobre su círculo de colaboradores más cercanos.

Sánchez ha comunicado este jueves, en una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que el Gobierno español no tiene intención de alcanzar el 5% del PIB en gasto militar al considerarlo «incompatible con nuestro Estado del bienestar».

Sánchez afirma en su carta que la subida del 5% es, además, incompatible con su «visión del mundo».

«Es una realidad empírica que para España, igual que para otros miembros de la OTAN», agrega Sánchez, «elevar al 5% el gasto resultaría imposible a menos que se eleven los impuestos a las clases medias, se recorten los servicios públicos y los subsidios sociales a sus ciudadanos».

Pero la contradicción de Sánchez aflora cuando escribe que «la crueldad total de Putin, el desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos constituyen una amenaza existencial que no se puede ignorar ni subestimar».

Sánchez, finalmente, defiende una fórmula «flexible» para España siguiendo el modelo de la «excepción energética» o «excepción ibérica» que le permitió a España y Portugal en 2022 poner un tope al precio del gas utilizado para generar electricidad en sus mercados nacionales y desacoplar así el precio del gas del precio final de la electricidad.

El problema para Sánchez y el Gobierno español es que Donald Trump ya ha dado señales de que no aceptará que ningún país se atrinchere en ese 2% «ridículo».

Desde el Gobierno español se argumenta que el aumento hasta el 2% supone una inversión adicional de 10.471 millones de euros y que esa cantidad, que se alcanzará este mismo año, ya tensiona los presupuestos españoles hasta el límite de lo razonable.

El PP, en sintonía con las exigencias de la OTAN, ha criticado la carta de Sánchez con el argumento de que esta «convierte a España en un aliado no fiable sin socios ni presupuestos».

La clave de la negativa de Sánchez a comprometerse, si no con el objetivo de máximos del 5%, sí con una cifra que se acerque a él, radica en su fragilidad parlamentaria y en los casos de corrupción que le acosan. Porque presentándose como la némesis de un Donald Trump unilateralista, Sánchez espera recuperar entre sus socios al menos una parte de la confianza perdida tras el afloramiento de los casos de Santos CerdánJosé Luis Ábalos y Koldo García.

Pero ese Estado del bienestar que Sánchez ha esgrimido como motivo de su negativa a ir más allá del 2% se revela como un burdo pretexto cuando se recuerda que la Defensa, precisamente en un momento de graves amenazas y de terremotos geopolíticos que están cambiando el mapa del mundo, es un elemento clave del bienestar de los españoles.

El aumento del presupuesto de Defensa es una decisión tan razonable y sobre todo necesaria que ni siquiera es necesario esgrimir en su defensa argumentos de grano grueso como que el coste de la corrupción permitiría, si no cumplir, si acercarse un buen trecho a los objetivos de la OTAN.

El bienestar de los españoles pasa, en resumen, por más Defensa y menos corrupción. Este no es, además, el momento adecuado para que Sánchez convierta una necesidad existencial en uno más de esos trampantojos tácticos con los que suele distraer la atención de los españoles.