En la base no hay una evaluación rigurosa y desprejuiciada de lo hecho hasta ahora. La impulsan la frustración por que el euskera siga siendo una lengua socialmente minoritaria y el desasosiego por los riesgos para su supervivencia; y se asienta en la acrítica convicción de lo acertado de los objetivos perseguidos y de los instrumentos utilizados.

En una sociedad multilingüe una política lingüística democrática debe garantizar la reproducción de la comunidad de hablantes de las distintas lenguas oficiales y el derecho al uso de cualquiera de ellas en el ámbito de los poderes públicos, pudiendo incluir, además, políticas de promoción de una de ellas, específicamente, cuando es una lengua débil, minoritaria o la lengua distintiva de una sociedad. Pero debe adecuarse a la realidad sociolingüística, lo que exige que las medidas que se adopten sean razonables y proporcionales, para no vulnerar los derechos de quienes no hablen una de ellas.

Es indispensable, además, el respaldo de un amplísimo consenso, tanto político como, fundamentalmente, social. La ley del euskera (1982) recogió acertadamente todos esos elementos, teniendo especial cuidado en tener en cuenta la realidad sociolingüística y el derecho de cada persona a usar la lengua oficial de su elección, también en la enseñanza. Así, contribuyó de forma decisiva al periodo de mayor esplendor de la lengua vasca del que disfrutamos.

Los problemas han surgido cuando se han resquebrajado los fundamentos sobre los que se asentó aquella ley. En la enseñanza, la progresiva generalización del modelo exclusivamente en euskera, sin tener en cuenta ni la lengua familiar ni la realidad sociolingüística del lugar, condena al fracaso a aproximadamente un tercio de los escolares y a la mediocridad al conjunto del sistema, aunque todavía una gran parte de la sociedad no sea consciente de ello. En el acceso al empleo público, el desbordamiento en los porcentajes de exigencia del euskera establecidos legalmente o en la valoración del perfil acreditado -recientemente agudizada- excluye, de forma casi generalizada, a las personas que no acreditan el conocimiento del euskera o da preferencia a quienes tienen las acreditaciones de mayor nivel, aun cuando el puesto no lo requiera.

La propuesta es puramente voluntarista, carente de sentido de la realidad. Sigue prevaleciendo la obsesión por el incremento cuantitativo de hablantes de euskera, aunque, en su inmensa mayoría, sea puramente ficticio, en lugar de focalizarse, primordialmente, en el fortalecimiento de la comunidad real y efectiva de hablantes y en una extensión razonable y no impositiva de la comunidad de hablantes. Ignora el enorme coste en el aprendizaje de un porcentaje muy importante y creciente de escolares. Es indiferente al coste personal y social de la exclusión del empleo sostenido con fondos públicos -que representa casi el 20% del total, disfrutando, en general, de las mejores condiciones laborales y salariales- de muchas personas, incluso en procesos de estabilización laboral con decenios en el puesto de trabajo.

Por si este panorama no fuese ya suficientemente preocupante, la propuesta ignora los dos elementos que más van a condicionar el éxito o fracaso de la política lingüística. Por una parte, el cambio generacional con jóvenes que, en una gran mayoría, responderán, previsiblemente, a pautas radicalmente alejadas de lo que se pretende. Es lo que se observa en situaciones sociolingüísticas mucho más robustas que la del euskera. Por otra, la gran transformación social que la previsiblemente creciente inmigración de los próximos años agudizará. ¿Qué consecuencias podemos esperar si, para muchas de esas personas, la política lingüística se convierte en elemento crucial que dificulta su inclusión?

Cuando habría que repensar la política lingüística de forma realista y con objetivos adecuados, se pretende dar un salto que tiene el aspecto de un salto al vacío. Si así fuere, muy posiblemente, el euskera se convertirá, progresivamente, en una lengua de la que casi toda la gente sabe algo pero que solo es lengua real de comunicación plena para una menguante minoría; aunque sea una minoría privilegiada.