Para la gente enterada, los Koldos, Ábalos, Cerdanes y demás héroes del trinque nacional son apenas el señuelo, el llamativo envoltorio, el cimbel que sirve para desviar la atención con minucias mientras en paralelo y en la trastienda ocurren cosas capaces de helar la sangre al más flemático. Lo importante no son los 500.000 euros por los que se pelean los edecanes de Pedro Sánchez. Los negocios de verdad que maneja la banda con sede en el búnker de Moncloa tienen que ver con China, con la exportación de petróleo venezolano, con el oro de Maduro, con el asalto al Ibex 35, con Telefónica, con la OPA del BBVA sobre Sabadell, con la toma de control del Grupo Caixa, frustrada, último minuto, cuando Isidro Fainé se entera de que Ángel Simón habla con Manuel de la Rocha, el jefe de la Oficina Económica del Presidente, y a veces directamente con el propio Pedro, para recibir órdenes de dónde tiene —tenía— que invertir Criteria, qué empresas había que salvar y/o tomar al asalto, y tiene que ver, naturalmente, con Indra. Este jueves 26 de junio, la empresa tecnológica española —la única que merece tal calificativo por tamaño y expertise— que preside Ángel Escribano celebra Junta General de accionistas bajo amenaza de borrasca a cuenta de la posible fusión por absorción de Escribano Mechanical & Engineering S.L. (EM&E), la firma que preside su hermano Javier Escribano y de la que el propio Ángel es dueño al 50%. Una operación que se enfrenta al rechazo de parte del Consejo de Administración, que advierte en la misma un obvio conflicto de interés lindero con la administración desleal. Una maniobra valorada entre 1.000 y 1.500 millones, que plantea una serie de cuestiones éticas y legales de primer orden, con el estamento empresarial español conteniendo la respiración entre la perplejidad y el asombro.

Los Koldos, Ábalos, Cerdanes y demás son apenas el señuelo

Dicen que el proceso de separación matrimonial de De la Rocha fue doloroso, incluso traumático, y que quienes acompañaron en su viacrucis al hombre de confianza de Sánchez para los business, quienes se tragaron sus lágrimas, quienes ahogaron en copas su amargura hasta la madrugada fueron los hermanos Escribano. Fundada en 1991, EM&E es una empresa familiar dedicada a la fabricación de piezas mecánicas, que fue creciendo a paso lento y que en 2019 facturaba apenas 44 millones sin apenas experiencia en contratos complejos, sin innovación tecnológica, y con una estructura modesta. Todo cambió el 9 de abril de 2020, cuando el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) adjudicó a los Escribano, dicen que a dedo, un contrato de 36 millones (IVA incluido) para mediar en la compra de 5.000 respiradores modelo VITAE 40 a la firma Hersill Equipos Médicos. La famosa pandemia de la que íbamos a salir todos más fuertes, pero de la que muchos socialistas salieron forrados. En tamaña tesitura, mientras los hospitales colapsaban y faltaba material básico, el Gobierno encontró en EM&E su ángel de la guarda sanitario. La fabricación real corrió a cargo de Hersill S.A. Escribano simplemente intermedió. La estructura de costes, según investigación policial, revela que Hersill vendió cada respirador por 1.724 euros + IVA; que Escribano cobró al Gobierno 5.959 euros por unidad; que Hersill se anotó 8,6 millones y que Escribano facturó 29,7 millones (36 millones con IVA). El margen fue casi íntegro para EM&E. Cero riesgo, cero innovación, cero trabajo técnico. Solo contactos. Más de 20 millones limpios por actuar como comisionista privilegiado. Un negocio redondo y un primer gran paso en su meteórico ascenso. Desde entonces, su crecimiento ha sido fulgurante: 355 millones de facturación en 2024 (crecimiento del 800% en apenas cuatro años) y previsión de 450 millones en 2025. ¿Cómo? A través de adjudicaciones directas, concursos restringidos, y un trato preferente desde Moncloa.

Pero el pelotazo de los respiradores no fue el único. En pleno estado de alarma, con la ciudadanía encerrada en sus casas, EM&E también se subió al tren de las mascarillas. Una empresa sin ninguna experiencia previa en material sanitario fue convertida por arte de magia en proveedor de equipos de protección personal. ¿Por qué Escribano y no cualquier otra empresa industrial española con conocimiento real en el sector? La respuesta es simple: porque eran los elegidos del poder. Ninguna otra compañía fue llamada. Solo ellos. Para entender la magnitud del negocio basta con reparar en que el Ministerio de Sanidad destinó entre marzo y mayo de 2020 más de 276 millones exclusivamente a contratos para la compra de mascarillas (quirúrgicas, N95, KN95, FFP2 y FFP3). Nada hay que permita saber qué parte del botín fue a parar a EM&E. Opacidad absoluta. ¿Qué aportaba Escribano a este negocio? Nada técnico. Nada logístico. Solo relaciones. Solo cercanía política. Una cosa quedó clara: la pandemia se convirtió en una magnífica oportunidad para hacer negocios, pero solo para los amigos del poder. Esta operación no solo fue el origen de su enriquecimiento súbito, sino también la consolidación de su relación privilegiada con el Gobierno Sánchez, relación que más adelante abriría a los hermanos la puerta a contratos de Defensa por cientos de millones y a la propia presidencia ejecutiva de Indra.

¿Por qué Escribano?: porque eran los elegidos del poder

En 2021, AXPE Consulting, una pequeña multinacional española de consultoría y tecnologías de la información (250 millones de facturación y 1.300 en plantilla) llamó a la puerta de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, para comunicarle su intención de tomar una participación significativa —en torno al 20%— en el capital de Indra, con voluntad de convertirse en accionista estable y de largo plazo. La operación, financiada por Paribas, tenía sentido desde el punto de vista empresarial: AXPE aportaba músculo técnico, experiencia y capital. Pero a su presidente pronto le salió al paso un intermediario inesperado: nada menos que Gaspar Zarrías, el histórico dirigente socialista andaluz, entonces ya reciclado en la sombra como comisionista del poder. A través de la firma Zaño Sociedad Consultora SL de su propiedad, Zarrías se presentó como portavoz oficioso del núcleo duro del PSOE y el aparato de Moncloa, núcleo que dirige el propio presidente del Gobierno (el jefe de la banda toma personalmente las decisiones que tienen que ver con el Ibex 35 y el vil metal), con la ministra Marichús Montero (autoridad de control de SEPI) de espantapájaros. “No vas a entrar con un 20%. Si quieres participar será con un paquete pequeño, entre 30 y 60 millones, y como parte de un grupo de empresarios que estamos formando para tomar el control de Indra y siempre como apoyo al Gobierno”. No había vuelta de hoja. El zorro Zarrías lo tenía claro:
—¡Os vamos a hacer millonarios a todos, pero os costará millones…!
Una frase que revelaba la naturaleza real del modelo. Una respuesta alejada de cualquier planteamiento técnico, económico o institucional. Una advertencia clara de que el precio por pertenecer al selecto club pasaba por pagar “mordidas” al entorno del poder. El paquete de AXPE debía ir coordinado con SAPA y Escribano, las otras dos firmas ya admitidas como peones gubernamentales en Indra. AXPE entendió el mensaje y abandonó. La puerta estaba cerrada a los actores independientes. Solo había hueco para quien aceptara formar parte del “grupo de apoyo al Gobierno”, caso de EM&E, de SAPA y del fondo Amber Capital de Joseph Oughourlian.

La pandemia se convirtió en una magnífica oportunidad para hacer negocios

Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, EM&E ha recibido más de 1.090 millones en contratos públicos, un volumen que llama la atención para una empresa que hasta 2019 facturaba apenas 44 millones. La firma de los hermanos Escribano, en efecto, ha pasado de no tener ni un solo euro en contratos públicos a convertirse en la mayor receptora de adjudicaciones del sector Defensa, “aunque sigan siendo incapaces de sacar de fábrica un producto que medio funcione y con tecnología propia, no pirateada”, en opinión de un reputado ingeniero de la competencia. Un crecimiento explosivo sin explicación técnica o industrial. Solo política: Los respiradores durante la pandemia (36 millones, con un sobrecoste estimado de 21,1) en 2020. La compra de mascarillas (cifras sin determinar), en el mismo año. Las torres Guardian 30 para blindados 8×8 (más de 200 millones) también en 2020. El sistema lanzacohetes SILAM (697 millones adjudicados sin publicidad) en 2023. Los sistemas anti-drones C-UAS (36,58 millones) en 2024. Un auténtico festín con dinero público, cocinado en despachos con concursos y procedimientos de cuestionable transparencia.

En 2022 y con el objetivo de tomar el control, la SEPI elevó su participación en Indra hasta el 28%, con una inversión de 150 millones. La destitución de Fernando Abril-Martorell como presidente fue el primer paso. Para sustituirlo, Sánchez avaló personalmente a Marc Murtra, un perfil con carnet PSC de brillante currículo pero de escasa experiencia en gestión de grandes compañías industriales. El precipitado nombramiento este mismo año de Murtra como presidente de Telefónica tras la salida forzada de Álvarez-Pallete (de nuevo la mano de De la Rocha como “machaca” del presidente), dejó el sillón de Indra al descubierto. Pero en lugar de nombrar como sustituto a un representante del primer accionista, SEPI, el tándem Sánchez-De la Rocha decidió cooptar a un outsider como Ángel Escribano, un chico listo, “muy inteligente, con esa inteligencia natural que no da la universidad sino la calle”, pero en el fondo un hombre de paja, un presidente títere porque el verdadero capo de Inda, por delegación del propio Sánchez, no es otro que Manuel de la Rocha. En el horizonte de ese 5% del PIB que España tendrá que invertir en Defensa sí o sí, por mucho morro enfurruñado que imposte Don Teflón de cara a su parroquia, hay muchísimo dinero a ganar, una cantidad impresionante de dinero, nada menos que 80.000 millones de euros, nada que ver con la miserable calderilla por la que se pelea la “banda del Peugeot”.

El tándem Sánchez-De la Rocha decidió cooptar a un outsider como Ángel Escribano

Y Ángel Escribano se instala en el trono con el respaldo pleno de Moncloa y la determinación de un bulldozer. Con su acrisolado estilo de gestión. Si el gigante armamentístico General Dynamics no me vende Santa Bárbara Sistemas, no me queda más remedio que comprar mi propia empresa, ea, viene a decir. Y ahí empieza el lío. La absorción más polémica de todas las posibles. “La fusión Indra-Escribano no es una operación industrial: es un asalto al patrimonio tecnológico nacional por parte de un entramado político-empresarial bajo sospecha”, sostiene un minoritario de Indra. Pero para llevar adelante el asunto hay que controlar el Consejo de Administración. Ángel echa cuentas y ve que una mayoría de independientes le va a decir que no, y que hay un ejecutivo que se va a manifestar en el mismo sentido porque la transacción le parece un completo dislate. Se trata de Luis Abril, miembro del Consejo y primer ejecutivo de Minsait, la filial tecnológica que genera la mitad del beneficio del grupo. Un peso pesado. De modo que Ángel se dice, muy bien, despido a los independientes díscolos y nombro nuevos consejeros a mi gusto, y a Abril le digo que deje el Consejo pero que siga en Minsait. No sabe que Abril tiene una cláusula en su contrato que le da opción de salida en caso de cambio en sus condiciones contractuales. Y Abril se va, y José Vicente de los Mozos, CEO, se queda en tierra de nadie, misterio, temiendo arrastrar su prestigio por el barro si la operación sale adelante, porque, ¿quién se encargará de la valoración de Escribano Mechanical & Engineering? Una compra que previsiblemente se hará con deuda, deuda a sumar a la que arrastra la propia EM&E para comprar su 14,3% en Indra, porque los Escribano lo han hecho todo con apalancamiento, sin un euro de inversión personal.

¿Y cuánto vale EM&E? Difícil saberlo. Todo dependerá de ese proclamado intento de “desconexión tecnológica” de la industria militar israelí que Sánchez ha venido impostando en las últimas semanas y que pondría en peligro los acuerdos de EM&E con la firma israelí Rafael en la fabricación de misiles contracarro Spike LR2, por no hablar de la participación de la también israelí Elbit Systems en el programa del lanzacohetes múltiple SILAM. Si el veto a Israel (¿está Sánchez decidido a perjudicar los intereses de los Escribano, que en el fondo son también los suyos propios?) se hiciera realidad, con la paralización de 46 contratos por importe superior a los 1.000 millones, la cuenta de resultados de EM&E sufriría un duro golpe que la dejaría al borde del abismo. Por lo demás, el acuerdo “secreto” suscrito por Javier Escribano con el Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania, que incluye la apertura de una planta en Ucrania, parece más un brindis al sol que una línea de negocio seria. Interrogantes en cascada en torno a una operación de M&A rodeada de un tan aparente como clamoroso conflicto de intereses, donde un “error” en la valoración podría terminar con los huesos de no pocos de sus protagonistas en la cárcel. Pero es evidente que el presidente del Gobierno, verdadero amo de Indra, ha dado su v/b a la compra de EM&E porque de otro modo la operación ni siquiera se hubiera planteado. ¿Entonces…?

Los hermanos se han hecho con el cuasi monopolio del sistema de vigilancia marítima de la Guardia Civil

Mientras tanto, el patrimonio de los Escribano sigue engordando. En plena luna de miel con De la Rocha, el arquitecto del poder, los hermanos se han hecho con el cuasi monopolio del sistema de vigilancia marítima utilizado por la Guardia Civil, el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) al adjudicarse EM&E 4 de los 7 lotes por 19 millones (por solo 2 de Indra). Una empresa especializada en repuestos ha pasado en tiempo récord a liderar mantenimientos críticos en costa, algo que normalmente exige décadas de inversión en personal y tecnología. Para garantizarse el contacto directo con el mando en Defensa, y lo que ello implica en cuanto a eventual acceso a información privilegiada, los hermanos no le hacen ascos al viejo arte de las «puertas giratorias» con la incorporación de ex altos cargos del Ministerio, en concreto, el fichaje como asesores de tres generales: Fernando García de las Hijas (ex-logística Ejército de Tierra), Francisco González Espresati (ex teniente general del Aire) y Fernando García González Valerio (ex JEMAD). La competencia a los hermanos Escribano asiste perpleja a la creación de lo que algunos denominan “un monopolio en la industria de Defensa española blindado por el aval del Gobierno”. Y todo ello con el estilo rompedor que caracteriza a una pareja poco dada a preocuparse con los “compliances” y demás legalismos al uso. Con la competencia cabreada pero, en el fondo, también asustada, porque Ángel Escribano lo quiere todo y va a por todo.

Lo que comenzó como un modesto taller de mecanizados en Coslada, Madrid, dirigido por perfiles sin preparación técnica cualificada, sin bagaje técnico sólido, sin más formación que la de tornero industrial, se ha convertido, de la mano del poder político, en uno de los principales actores del sector defensa en España. Los críticos insisten en que lo que se pretende construir no es un ecosistema de Defensa sólido y abierto a la competencia, sino un andamiaje de poder basado en el clientelismo, el favoritismo y la colonización de los recursos públicos para fines privados. Es la utilización del poder del Estado en beneficio de empresas sin tecnología y de personas sin preparación, pero con fuertes vínculos políticos. La fusión Indra-Escribano no es una operación industrial: es un asalto al patrimonio tecnológico nacional por parte de un entramado político-empresarial bajo sospecha. Algo difícilmente imaginable en un Gobierno democrático sometido al imperio de la ley, pero muy propio de una organización criminal dispuesta a enriquecerse hasta las talanqueras.