Pedro Sánchez compareció este domingo en la Moncloa para ofrecer una declaración institucional no programada, sin periodistas ni preguntas, en la que anunció lo que calificó como un “acuerdo muy positivo” entre España y la OTAN.
Según el presidente, nuestro país no estará obligado a alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa pactado por la Alianza Atlántica, sino que bastará con el 2,1% que el Gobierno considera “suficiente para mantener todo el personal y equipamiento” de nuestras Fuerzas Armadas.
Sánchez presentó este pacto como una victoria diplomática y una muestra de responsabilidad fiscal, asegurando que elevar el gasto al 5% sería “despilfarrar miles de millones” y comprometer el Estado del bienestar.
Sin embargo, la realidad tras el anuncio es menos rotunda y mucho más matizada.
Lo que Sánchez ha conseguido no es una “excepción ibérica” ni una exención permanente del compromiso aliado, sino una ruta presupuestaria propia, flexible y revisable, pero alineada con el objetivo común de la OTAN: alcanzar el 5% del PIB en gasto de seguridad y defensa en 2035, como el resto de los aliados, aunque cada país pueda decidir el ritmo y la composición de su esfuerzo.
Lo que ha evitado decir Sánchez en su rueda de prensa es que la OTAN le ha «permitido» quedarse en el 2,1% del gasto en Defensa hasta 2029… pero con el compromiso de alcanzar el 5% en 2035.
Flexibilidad, no exención
El acuerdo alcanzado en Bruselas, confirmado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y por fuentes diplomáticas a medios internacionales como el Frankfurter Allgemeine Zeitung y la agencia Reuters, establece que los treinta y dos miembros de la Alianza se comprometen a destinar un 5% de su PIB a la seguridad y la defensa en 2035.
De ese porcentaje, el 3,5% corresponderá a gasto militar duro y el 1,5% a infraestructuras, ciberdefensa y otros conceptos relacionados.
Lo que España ha logrado es que se reconozca el derecho a presentar su propia “trayectoria soberana” para alcanzar ese objetivo, con revisiones intermedias en 2029 y la posibilidad de adaptar el ritmo según las circunstancias nacionales.
No se trata, por tanto, de una exención, sino de una patada hacia adelante: el compromiso sigue vigente, pero la senda para cumplirlo será nacional y flexible.
Así lo ha reconocido el propio Rutte en su carta a Sánchez: “La cumbre de la OTAN otorgará a España la flexibilidad para determinar su propio camino soberano para alcanzar el objetivo de capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB, así como para presentar sus propios planes anuales”.
Lo que ha hecho Sánchez, por tanto, es endosarle el cumplimiento del compromiso a quien sea que ocupe la presidencia del Gobierno en 2035.
Dicho de otra manera: si el 31 de diciembre de 2034 España sigue dedicando sólo el 2% de su PIB a Defensa, entonces el presidente que ocupe la Moncloa en ese momento deberá aumentarlo en tres puntos del PIB, hasta el 5%, durante los doce meses siguientes. Sin excusas y sin posibilidad de negarse a ello.
El verdadero consenso
Más allá de los titulares y de la retórica gubernamental, lo esencial del acuerdo no son los plazos ni las condiciones, sino el principio: todos los Estados miembros de la OTAN, incluida España, suscriben por unanimidad la política de rearme y el refuerzo de las capacidades militares ante un contexto internacional cada vez más inestable.
Y por eso la flexibilidad acordada no supone, como pretende vender Sánchez, una excepción sustancial, sino un margen temporal (como ya ocurrió en otros compromisos europeos) para adaptar el esfuerzo nacional a las exigencias aliadas.
Como recuerda el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el acuerdo fue posible porque España cedió finalmente, aceptando el objetivo del 5% a diez años vista, aunque con una senda propia y revisable.
Lo que ha hecho España, en definitiva, es convertirse en el aliado «incómodo» de la Alianza. El que se niega a cumplir con sus compromisos como el resto de aliados y obliga a incluir trampas retóricas en los acuerdos que le permitan salvar la cara frente a sus ciudadanos por motivos de política interna.
La seguridad colectiva
Pero el debate sobre el gasto en defensa no puede reducirse a una cuestión de cifras ni de relatos políticos. Como ha defendido este diario en anteriores editoriales, el bienestar de los españoles depende, en última instancia, de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la defensa nacional en un entorno internacional hostil y volátil.
La corrupción, la inseguridad y las amenazas exteriores, de las cuales el intento de Irán de convertirse en una potencia nuclear es un ejemplo claro, no se combaten con discursos, sino con recursos, capacidades y compromisos efectivos.
Sánchez ha optado por vender a la opinión pública una victoria diplomática que en realidad es una concesión táctica: España no ha conseguido una “excepción ibérica”, sino una prórroga.
El compromiso con el rearme y la defensa colectiva permanece intacto, y la factura llegará, antes o después, a los presupuestos nacionales. Lo importante no es el relato, sino la realidad: la seguridad de los españoles exige responsabilidad, transparencia y, sobre todo, sinceridad.