¿Cómo es posible que el presidente Pedro Sánchez asegure públicamente que España alcanzará los objetivos de defensa con solo un 2,1 % del PIB, cuando la declaración aprobada por todos los aliados de la OTAN, incluida España, fija el 5 %?

En primer lugar, hay que subrayar que la declaración conjunta de la cumbre de La Haya no constituye un tratado internacional jurídicamente vinculante, sino un acuerdo político entre jefes de Gobierno. Uno de los mayores conocedores del funcionamiento interno de la OTAN es el exembajador de España ante la Alianza, Nicolás Pascual de la Parte. El exembajador precisa que «un acuerdo internacional es una declaración conjunta de los jefes de gobierno de la OTAN y, por tanto, tiene un valor político que puede ser incluso más fuerte que el jurídico. Pero no es jurídicamente vinculante».

Como experto, subraya con ironía la estrategia del presidente español, aludiendo a una cita de Quevedo: «nadie ofrece más que quien no piensa cumplir». En su opinión, Sánchez firma ese compromiso del 5 % del PIB en defensa a largo plazo —para 2035— con plena conciencia de que no estará entonces al frente del Ejecutivo. «El que venga detrás, que arree», dice con crudeza.

Según este análisis, Sánchez argumenta que podrá cumplir con los objetivos de capacidades militares fijados en la reunión de ministros de Defensa del pasado 5 de junio solo con un 2,1 % del PIB. Pero esa afirmación no se sostiene: «solamente se lo cree él».

El 5 de junio se acordaron unos objetivos de capacidad militares para los próximos cuatro años. Dentro de esos objetivos globales, a cada país se le adjudican unas tareas. Pues bien, Sánchez afirma públicamente que dichos cometidos los puede conseguir solamente con el 2,1 % del PIB. Por el contrario, los demás aliados consideran que será necesario llegar al 3,5 %. De hecho, habrá mecanismos de control. Por un lado, una revisión en 2029 que permitirá comprobar si España va cumpliendo su hoja de ruta; y por otro, una evaluación anual que cada país debe remitir a la OTAN sobre el cumplimiento de sus compromisos militares.

Estos compromisos no se expresan exclusivamente en términos de gasto presupuestario anual, sino en términos de cumplimiento de capacidades militares específicas: sistemas de armamento, tecnología, movilidad, infraestructuras, etcétera. Si España, en esa revisión periódica, no acredita avances sustanciales, se verá obligada a incrementar su esfuerzo económico.

«Ambigüedad creativa»

A juicio de De la Parte, Sánchez se refugia en una «ambigüedad creativa» que le permite maniobrar políticamente dentro y fuera del país, al tiempo que gana tiempo con su electorado. Desde su punto de vista, se trata de una estrategia para dilatar el coste político a corto plazo, con el convencimiento de que él ya no estará cuando llegue la hora de cumplir las cifras más exigentes.

El mismo experto consideraba especialmente grave el modo en que el presidente español gestionó su disconformidad durante la negociación previa a la cumbre. Los textos de estas reuniones se cierran 48 horas antes, no por los embajadores, sino por sus segundos. En esta ocasión el documento se cerró un sábado por la tarde, hacia las 17.30. Fue justo entonces cuando se conoció que Sánchez había enviado una carta a Mark Rutte, casi en el último minuto. Rutte, ante la falta de margen, accedió parcialmente a las peticiones españolas para no comprometer el acuerdo general, pero el resultado fue un texto con ambigüedades que finalmente todos firmaron, incluido Sánchez, con el compromiso del 5 % como objetivo global.

El problema, advertía, es que esta maniobra dejó un rastro político y diplomático muy dañino. Subrayaba que el coste de esta «broma», en términos de prestigio internacional, es muy alto: «nos hemos desangrado desde el punto de vista de la credibilidad», afirma. Aclara que cuando en Bruselas se identifica a Sánchez con España, es toda la imagen del país la que sufre. Y como diplomático español, lamenta tener que ofrecer explicaciones a sus homólogos europeos por el comportamiento del presidente del Gobierno, más allá de su defensa institucional del país.

Presión en aumento

Sobre la proyección internacional de esta actitud, el diplomático alerta de que el margen de maniobra de España se ha reducido drásticamente y que la presión va a ir en aumento. Menciona, como ejemplo, las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que hará que España pague el doble por su defensa, y que negociará directamente con Sánchez en persona para garantizarlo. «La única interpretación canónica del acuerdo es la que da el presidente de Estados Unidos», advertía, con cierta resignación.

En resumen, España tendrá que pagar. «Sí o sí». La estrategia del presidente se resume en una táctica dilatoria con poco recorrido: una forma de evitar el desgaste interno inmediato, con la esperanza de que sea otro quien afronte las consecuencias presupuestarias reales. Pero, con la hoja de ruta ya firmada, el seguimiento anual de la OTAN —que incluye control de artillería, drones, sistemas submarinos, inteligencia artificial y tecnologías duales— acabará por pasar factura si no se cumple.

De la Parte concluye subrayando que la imagen de Sánchez en la cumbre fue elocuente: «parecía el segurata de la foto», apartado del resto, solo en una esquina. Ese aislamiento simboliza el precio diplomático de una actitud que ha dejado a España más sola y menos creíble en el seno de la Alianza Atlántica.