- Intentar destruir España no tiene sanción si así conviene a un presidente que no había ganado las elecciones y necesitaba comprar siete votos a un fugitivo golpista
La felonía contra España que ha perpetrado la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional resulta tan evidente, tan dolorosa, tan cutre jurídicamente…
Aquello fue un golpe de Estado en toda regla contra la unidad de España, ejecutado con alevosía y proclamando cada uno de sus pasos de una manera jactanciosa. Un delito gravísimo.
El Estado reaccionó y los golpistas acabaron condenados a penas de cárcel acordes al calibre de su fechoría. Pero más tarde resultó que un gobernante que había perdido las elecciones generales necesitaba siete votos de un golpista fugitivo. El prófugo le puso como precio una amnistía para él y sus cómplices. Y el presidente, que carece de principios morales, se la ha concedido, con la ayuda de un fámulo judicial que es leal a su partido. Esto es exactamente lo que ha ocurrido. Amnistía a cambio de siete votos en el Congreso. O dicho de otro modo: me compro mi poltrona a precio de destrozar la Constitución.
Penoso. Y casi peor aún es que al final los españoles nos lo hemos comido con patatas. Supone una derrota enorme de una sociedad adormilada, de la oposición, de la prensa, del estamento jurídico y hasta del propio Jefe del Estado, que ofreció un importantísimo discurso para frenar el golpe y que ahora se ve firmando el perdón de lo que él denunciaba tan acertadamente en 2017 como un ataque frontal a la legalidad constitucional.
Se acaba el principio medular de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Si eres un separatista catalán puedes recibir un trato diferente si así conviene al capricho arbitrario del presidente del Gobierno. Si eres un separatista catalán puedes promover «leyes de desconexión» que destrozan la unidad de España, o declarar incluso una «República Catalana», y no habrá delito alguno, porque así conviene al autócrata que gobierna sin ganárselo en las urnas.
Si eres un separatista catalán tienes barra libre para convocar referéndums inconstitucionales, cortar con barricadas la autopista que une España con Francia, okupar y paralizar la estación del AVE y el aeropuerto de Barcelona… Si eres un separatista catalán queda permitido malversar el dinero público para promover un pulso separatista ilegal, contrario además a la voluntad de la inmensa mayoría de los catalanes.
Y todo esto tiene un promotor, Sánchez, y unos culpables con nombres y apellidos: Conde-Pumpido y sus secuaces en el TC, que simple y llanamente han dado un golpe contra la Constitución. Con su actuación validan el levantamiento sedicioso de 2017 y dan por bueno el argumentario de los delincuentes, humillando así a todos los españoles leales que pelearon desde diversos ámbitos contra el levantamiento del Ejecutivo separatista catalán (no se olvide que el propio Sánchez, el felón supremo, apoyó también el 155 para parar el golpe).
En el libro del oprobio donde se archive a españoles de un comportamiento infame con su patria tendrá siempre un lugar destacado Cándido Conde-Pumpido Tourón, que a sus 75 años, cuando debería tener ya colmadas sus humanas ambiciones, se ha prestado con entusiasmo exprés a culminar esta patada a la Constitución. Lamentables también los magistrados que lo han secundado anteponiendo sus filias ideológicas a la sensatez y la verdad jurídica (y por favor, no empleemos la jerga orwelliana de la izquierda, que habla de «mayoría progresista»; es una «mayoría sanchista», que está ahí para hacer siempre lo que ordene el aprendiz de sátrapa).
Hoy volvemos a acordamos de cómo aquellos fanáticos supremacistas pusieron a España en jaque. Nos acordamos de cómo Junqueras se choteó de la vicepresidenta Sorayita, que se creía tan lista que no lo fue en absoluto. Nos acordamos de cómo Junqueras mintió a los catalanes asegurándoles que no se marcharía ni una empresa y que la UE acogería encantada a la nueva República. Nos acordamos de que se pasaron años insultando al resto de sus compatriotas, llamándonos ladrones («España nos roba»). Nos acordamos de cómo compraron a golpe de talonario a la prensa catalana para que publicase al unísono un editorial apoyando la embestida nacionalista. Nos acordamos de cómo utilizaron a la propia Policía Autonómica para el referéndum ilegal. Nos acordamos de su desprecio y acoso a los policías nacionales y guardias civiles. Nos acordamos de cómo perseguían a los catalanes que osaban a plantarse contra la quimera rupturista.
Nos acordamos de que nos miraban despectivamente y nos motejaban de pueblos inferiores, carentes de seny y proclives a la siesta. Nos acordamos de que han chupado del bote toda la vida, desde el arancel monopolístico del textil del XIX hasta las financiaciones autonómicas, todas dictadas por el nacionalismo catalán, y aún así viven instalados en el perpetuo victimismo resentido. Nos acordamos de que no se han arrepentido, pues siguen con la música del «lo volveremos a hacer». Y cuando lo hagan seremos más débiles frente al arreón, por la obra de traidores a España como Pedro y Cándido.
Y nos acordaremos siempre de Conde-Pumpido, el que fuera fiscal general con Zapatero, y de sus cómplices en el TC: Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán, Laura Díez, María Luisa Segoviano y María Luisa Balaguer, que un día de junio de 2025 consideraron que perdonar las penas por golpes de Estado contra la unidad de España es perfectamente constitucional. Qué sinvergüenzas de la toga y qué mal van a envejecer.
Por cierto Cándido, tú que sabes tanto de leyes, ¿tienes claro que no has cometido ningún delito con este disparate que has perpetrado? La justicia es lenta, pero siempre llega. Incluso para ti…