Javier Tajadura Tejada-El Correo
Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU
- La ley Bolaños se inscribe en la batalla global entre gobiernos populistas y jueces independientes que reivindican su propia función y el Estado de Derecho
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han convocado para hoy día 28 concentraciones en defensa de la independencia del Poder Judicial y contra los proyectos de reforma de la carrera judicial, del ministerio fiscal y del proceso penal, promovidos por el Ministerio de Justicia. Para los días 1, 2 y 3 de julio han aprobado una convocatoria de huelga. El término puede inducir a error: no es una huelga en sentido estricto porque no se trata de que unos trabajadores cesen en su actividad para reclamar una mejora de las condiciones laborales. Además, y a pesar de que en algunos Estados las huelgas judiciales hayan sido reconocidas, es preciso advertir que el poder no puede dejar de ser ejercido y tan absurda es una huelga del Poder Judicial como una del Poder Legislativo. Las protestas son una reacción, tan excepcional como necesaria, adoptada para mostrar el más absoluto rechazo a unos proyectos de ley cuyo contenido supone un ataque brutal a nuestro Estado de Derecho.
En el convulso y peligroso momento que atraviesa la democracia constitucional en nuestro país, el Poder Judicial y la UCO, como policía judicial (brazo armado e investigador al servicio del Poder Judicial y no del Ministerio de Interior) es el único y último baluarte que puede impedir que la democracia degenere en autocracia. Ello explica la campaña constante del Gobierno y sus partidarios para criminalizar a los jueces, las acusaciones de ‘lawfare’ como estrategia para desacreditarlos y, en definitiva, la deslegitimación tan sistemática como esperpéntica bajo la acusación de clasismo, machismo, cuando no de franquismo. Frente a tan absurdas acusaciones, baste recordar que la mayoría de jueces son mujeres (57%) nacidas después de la muerte de Franco.
Las reformas impulsadas por Bolaños se presentan como necesarias para «democratizar» el Poder Judicial, como si este no fuera ya plenamente democrático. Introducen, entre otras, dos medidas que conducen a la devaluación del Poder Judicial y al fortalecimiento de un ministerio fiscal dependiente del Gobierno. La primera implica incorporar al Poder Judicial y a la Fiscalía, sin la preceptiva oposición, a varios centenares de jueces y fiscales sustitutos. Prescindiendo de los criterios de mérito y capacidad para el acceso a la carrera, el Poder Judicial sufriría una notable devaluación. La segunda supone privar a los jueces de las facultades de instrucción de los procesos penales para atribuírselas a los fiscales. Es cierto que, en otros países, los fiscales son responsables de la instrucción de los procesos penales, pero en el contexto actual, con una Fiscalía dependiente del Gobierno, la reforma erosionará la confianza de los ciudadanos en el sistema.
Con la reforma, la UCO pasará a depender directamente del ministerio fiscal (y no del Poder Judicial) e indirectamente del Gobierno. De un ministerio fiscal que en la práctica actúa como defensor de muchos investigados por corrupción del entorno presidencial.
La ley Bolaños supone, por tanto, un claro deterioro de la independencia y del valor del Poder Judicial. Y no se trata de defectos técnicos, sino de una amenaza existencial para la democracia constitucional. La ofensiva del Gobierno de Sánchez contra la Justicia es similar a la emprendida por Maduro (Venezuela), Kirchner (Argentina), López Obrador y su sucesora (México), Orbán (Hungría) y Trump (EE UU), entre otros. Se trata de una batalla global entre gobiernos populistas que aspiran a un poder ilimitado y sin controles y jueces independientes que actúan -como los de España en estos días aciagos- en defensa propia y del Estado de Derecho. En esta confrontación no opera la divisoria ideológica izquierda-derecha puesto que en ambos lados del espectro ideológico se manifiestan las pulsiones autoritario-populistas.
En España la batalla se libra en un contexto en el que ha desaparecido por completo la responsabilidad política, y en el que a pesar de carecer el Gobierno del necesario respaldo parlamentario (la no presentación del proyecto presupuestario es la prueba más clara de ello) no puede ser destituido ante la imposibilidad de que triunfe una moción de censura. Esto quiere decir que, al fallar y bloquearse todos los mecanismos de exigencia de responsabilidad política, la única exigencia de responsabilidad posible al presidente del Gobierno es la jurídica penal. O, dicho con mayor claridad que, ante su atrincheramiento en La Moncloa y negativa a dimitir y adelantar elecciones, el Parlamento carece de instrumentos efectivos para cesarlo. En este escenario solo un Poder Judicial independiente estaría en condiciones de exigirle, en caso de indicios de criminalidad, responsabilidades jurídicas penales. Cuando una democracia llega a una situación así puede considerarse en situación crítica.
Por todo ello, y en este contexto, solo cabe respaldar incondicionalmente las jornadas de protesta convocadas por los jueces y fiscales de nuestro país en defensa del Estado de Derecho y de la democracia.