Una concentración de jueces y fiscales como antesala de una huelga es un acontecimiento que por su excepcionalidad debería suscitar cierta preocupación ciudadana. Da igual cuántos asistan porque no es un colectivo acostumbrado a la algarada (y hace bien): es la razón o razones de su protesta el motivo de alarma. Porque no se van a manifestar por cuestión de salarios, de carga de trabajo o de falta de medios, que bien podrían, sino por un doble proyecto de reforma legislativa que trata de alterar el modelo de Justicia vigente en la etapa democrática. En unas circunstancias en que el poder ejecutivo, acosado por una cascada de escándalos de corrupción, percibe al judicial como una amenaza.

La suerte de esta legislatura no depende ya tanto del Parlamento como de los tribunales, donde se sustancian investigaciones que afectan al partido del Gobierno y a la propia familia de Pedro Sánchez. Más allá del impacto político de estos casos y su eventual influencia en el resultado de las futuras elecciones generales, existe un margen objetivo de posibilidades de que ciertas personas cercanas al presidente puedan acabar en la cárcel. La ratificación constitucional de la amnistía a los separatistas catalanes debe pasar aún diferentes filtros de aplicación y esperar la resolución de diversas cuestiones prejudiciales. Y en conjunto, todo el actual mandato transcurre bajo un horizonte penal determinante en su desenlace.

En esas condiciones, cualquier modificación del marco legal adquiere una relevancia superlativa. Ya se ha promulgado una norma de impunidad, redactada por sus beneficiarios, se han dispensado condenas y se han suprimido delitos a medida. Ahora toca replantear el sistema de acceso a la judicatura, en detrimento de las oposiciones libres y limpias, y avanzar en una reestructuración procesal que entregue la instrucción de los sumarios a la Fiscalía. Un cambio de paradigma sobre el que pesa la sospecha de una especie de exoneración autoconcedida mediante el recurso –de dudosa constitucionalidad– a la cláusula transitoria retroactiva. En definitiva, una clase dirigente administrándose la gracia a sí misma.

Al sanchismo no le basta con tener a un ‘negreira’ de árbitro en un órgano de garantías bien disciplinado. Necesita leyes que resuelvan sus problemas con efecto inmediato. Ha planeado una ley Begoña, está estudiando una ley Koldo para invalidar grabaciones y quizá pronto veamos una ley Ábalos: lo que haga falta para poner a salvo a su cuerda de imputados. Y por si acaso, busca además asegurarse también una renovación de la carrera togada –esos malditos jueces fachas– a medio plazo. En este contexto, la convocatoria de las Salesas y el paro anunciado no son un movimiento de defensa corporativa, sino un plante contra el asalto a la separación de poderes, el último obstáculo que separa un Estado de derecho de un régimen autoritario.