Editorial-El Correo

Jueces y fiscales afrontan la próxima semana una insólita sucesión de huelgas en protesta por la ‘ley Bolaños’ tras las concentraciones de ayer. Las principales asociaciones, salvo las progresistas, se rebelan contra unas reformas que en su opinión debilitarán al Poder Judicial, más expuesto a injerencias políticas. Por el contrario, el ministro de Justicia busca una gestión más ágil, flexible y cercana, además de aumentar el número de magistrados. En este pulso, no se puede desligar el calado de los cambios que impulsa el PSOE con el apoyo de Sumar del frente judicial que acorrala al Gobierno de Sánchez por las investigaciones sobre su mujer, su hermano y un fiscal general asomado al banquillo por primera vez en democracia. Tampoco la posibilidad de dejar en manos de la Fiscalía las causas penales que ahora recaen en jueces instructores, en pleno impacto de la corrupción destapada por la UCO en los casos de Ábalos, Koldo y Cerdán. Mientras, flaco favor hacen a la independencia judicial declaraciones de ministros como Óscar Puente o Pilar Alegría que cuestionan la imparcialidad de los jueces o interrogatorios como el de Peinado a Félix Bolaños que parecen forzar su imputación.