La simonía es un término religioso que se refiere al pecado de compraventa de sacramentos, indulgencias y otros privilegios. La proliferación de bulas, por ejemplo, fue la causa inmediata o al menos el pretexto del cisma de Lutero. Pero el concepto puede extenderse a la política y su frecuente tráfico de prebendas en el mercado negro. Ahí encaja la ley de amnistía, un caso flagrante de comercio espurio en el que la impunidad de una sedición sirvió de moneda de cambio en la investidura del presidente del Gobierno. Toda la argumentación posterior, la pacificación del conflicto catalán y demás cháchara ocasional, no es más que quincalla justificativa –a posteriori– de un monumental desafuero, agravado por el hecho incontestable de que la norma fue redactada por sus beneficiarios directos. Aún resulta más grave el aval del Tribunal Constitucional a ese atropello al Estado de derecho, rendido y derrotado desde dentro por quienes tienen la misión jurada de protegerlo.

El TC ha legitimado el mayor acto de corrupción ‘simoníaca’ ocurrido en España desde la restauración de la democracia. El teórico guardián de los principios constituyentes no sólo ha participado en una operación para revocarlas, sino que ha abierto la puerta a la posibilidad parlamentaria de legislar al margen de los preceptos de la Carta Magna. La interpretación del ‘silencio constitucional’ como autorización tácita viene a consagrar una supuesta discrecionalidad facultativa de las Cámaras para decidir en cada momento lo que a una mayoría de sus miembros, por ajustada que sea, le venga en gana. Adiós a la reforma agravada; desde ahora bastará con siete magistrados de la corte de garantías con suficiente manga ancha para someterse a la disciplina partidaria y dispuestos a derogar incluso la jurisprudencia que sus antecesores dejaron asentada. La idea de la Constitución abierta ha quedado superada por la de la deconstrucción a la carta. Blanca.

La imposición del relativismo constructivista otorga campo libre a la deriva autoritaria del sanchismo. A partir de ahora, el Ejecutivo sabe que cualquier iniciativa suya puede y va de hecho a contar con respaldo jurídico. Los debates teóricos, la doctrina académica constitucionalista, las reglas convencionales de juego limpio, incluso los pronunciamientos anteriores del propio Sánchez y de sus ministros, que en el caso de la amnistía fueron explícita y abrumadoramente negativos hasta la misma noche del escrutinio, se estrellarán contra la implacable razón aritmética de siete votos contra cinco. Mañana puede ser un recurso sobre una diligencia procesal o un veredicto del Supremo, una ley de autoprotección preventiva o el referéndum de autodeterminación reclamado por el secesionismo. El mensaje es cristalino: todas las instituciones están al servicio de los objetivos, las necesidades e incluso los caprichos del poder político.