Jueces y fiscales activan la alerta definitiva

Ni Gobiernos con mayorías absolutas rotundas se atrevieron nunca a tocar los pilares más definitorios del Estado de derecho, conscientes de la existencia de unos límites formales y éticos a su acción. Que, sumados a esa regla no escrita de la democracia que impone la moderación propia y desecha aquello que, pudiéndose hacer técnicamente, no conviene hacerlo por el repudio que generaría; circunscriben el margen de maniobra a un perímetro insoslayable.

Hasta Zapatero, el presidente con la manga más ancha y los principios más tenues hasta el aterrizaje forzoso de Sánchez en La Moncloa, echó el freno y se avino a ese precepto cuando la situación le desbordó y su ensayo populista naufragó con estrépito.

Aunque ahora vemos que el ínclito leonés está muy activo en público y en las sombras, en aquel momento aceptó la imposibilidad de maquillar por más tiempo el desastre económico del país, adoptó decisiones contradictorias con su demagogia previa por el temor a que Europa le dejara en evidencia, las llevó al Congreso y después convocó Elecciones sin él como aspirante del PSOE.

Hoy esa frontera ha saltado por los aires y con Sánchez las aduanas morales, institucionales y legales son un decorado de cartón piedra sin otro valor que el que él le quiera dar en cada momento, desde una atalaya autocrática que no rinde cuentas ante nada ni ante nadie y confronta desde la agresividad, la manipulación y la trampa con quienes le recuerdan las líneas rojas .

La lista de abusos de Sánchez tiende ya al infinito y provoca una cierta normalización de lo anormal, como si al final todo fuera una discusión entre pareceres distintos pero perfectamente legítimos que queda resuelta, siempre, por la superior jerarquía del presidente, en realidad un perdedor endémico que está en La Moncloa con el menor número de diputados propios de la historia; con una mayoría parlamentaria solo activa para su investidura a cambio de un sinfín de atracos y atrincherado en un combate eterno contra la propia democracia.

Por eso se consumen tan rápido episodios que, en cualquier lugar del mundo civilizado, hubieran paralizado todo hasta tener un desenlace necesariamente adverso: la imputación de la mujer y el hermano de un presidente; la trama de corrupción extendida por varios Ministerios, Comunidades y en el partido; el pucherazo en unas elecciones Primarias; el plagio de una tesis doctoral; las negociaciones en el extranjero con un prófugo y en España con un terrorista; la constatación de la existencia de unas cloacas infames en Ferraz o el procesamiento de un Fiscal General del Estado por urdir una campaña mafiosa contra un rival político son, entre otros, episodios que en sí mismos y sin necesidad de los demás hubieran acabado con cualquier carrera política en un terreno de juego convencional.

Pero no con Sánchez, que a la falta de consecuencias inmediatas de sus múltiples escándalos y la ausencia de penalización por su ilegitimidad de origen le añade otra perversión: la respuesta pública a todos los contrapesos y la actividad legislativa para acabar con ellos, con el objetivo de cerrar el círculo y lograr que el castigo inevitable para sí mismo se traslade mágicamente a todos los demás.

Miles de jueces y fiscales de toda España se congregaron el sábado frente al Tribunal Supremo para denunciar, en un tono exquisito y con una argumentación inapelable, la estación final de ese viaje a los infiernos predemocráticos que emprendió Sánchez desde el minuto uno de su vida política: la abolición del Estado de derecho con el sometimiento del Poder Judicial.

Un peligro ya visible con la transformación del Tribunal Constitucional en un órgano más del partido para legalizar tropelías como la Ley de Amnistía o anular inconveniencias como la sentencia de los ERE, resumen ambas de los dos registros que el líder socialista quiere imponer en la Justicia: legalizar sus abusos y, a continuación, garantizarle impunidad.

La mera presencia en la calle de todo el gremio judicial, con la excepción de los irrelevantes pero ruidosos togados sincronizados por el mismo pito que moviliza a sus homólogos en las tertulias, ya es suficiente para entender la gravedad del momento: nada menos que denuncian el asalto a la Justicia por quienes más razones tienen para temerla. Si eso no es razón suficiente para parar el país y, esta vez sí, no dejar que el siguiente escándalo tape éste y así en un bucle eterno, apaga y vámonos. Han activado la alarma de incendios definitiva y, o todos somos un poco bomberos, o seremos víctimas del pirómano.