Reforma Bolaños: la respuesta de jueces y fiscales

El 28 de junio de 2025, cientos de jueces y fiscales, acompañados de miles de ciudadanos, se concentraron frente al Tribunal Supremo bajo el lema «Sin Estado de derecho no hay democracia», contra a un conjunto de iniciativas legislativas impulsadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, que abarcan principalmente dos proyectos: la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en preparación de la transferencia de  la instrucción de causas penales de los jueces a los fiscales.

Además, se convocó una huelga nacional de jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, que está teniendo un seguimiento estimado del 75% y que ha sido convocada por las principales asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados.

La reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal tiene varios apartados. Algunos no son discutidos por nadie, como la adopción del sistema de becas para opositores, medida que en verdad es atribuible a la ex ministra de Justicia Pilar Llop. Pero junto a esta medida, que es la que se expone por los promotores de la reforma como tapadera, se esconden otras de mucho más calado y gravedad.

Así, en primer lugar, se modifican las pruebas de acceso, reduciendo la calidad de las mismas y aumentando la subjetividad de su corrección, lo que es muy grave cuando estamos hablando de la selección de los jueces de nuestro país. Ni se elegirá a los mejores, ni se hará objetivamente.

Busca convertir a más de mil jueces sustitutos en jueces titulares por la puerta de atrás, sin los mínimos requerimiento de selección y premiándoles con años de antigüedad

En segundo lugar, la reforma crea un centro de preparación público de opositores dependiente del Ministerio de Justicia, medida de extraordinaria gravedad que va a suponer poner en manos del poder ejecutivo la preparación de los jueces y fiscales. El Ministerio de Justicia designará a los profesores-preparadores de ese centro que, sin la menor duda, serán profesionales muy cercanos al Gobierno, preparando el camino a lo que será una selección ideológica de futuros jueces y fiscales.

Más grave aún es la medida de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, que busca convertir a más de mil jueces sustitutos en jueces titulares por la puerta de atrás, sin los mínimos requerimiento de selección y premiándoles con años de antigüedad. De igual forma, se rebajan las exigencias del denominado cuarto turno, concurso-oposición que hasta ahora era reconocido por su rigor ya que, además de ser valoradas las circunstancias profesionales de los aspirantes, se les requería una prueba objetiva y rigurosa, en su fase de oposición.

ahora se disminuyen a cinco los años de ejercicio profesional requeridos y se devalúa la fase de oposición. Todas estas circunstancias suponen una vulneración flagrante de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que perjudica a los jueces y fiscales que han superado recientemente procesos selectivos rigurosos y a los miles de opositores que están dedicando sus mejores años, con esfuerzo y dedicación, para lograr su sueño de ser jueces y fiscales.

Por otro lado, la reforma incluye una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que persigue poner las bases para despojar a los jueces de la instrucción de los asuntos penales y dársela a los fiscales. Esa atribución es un enorme error, por la fuerte dependencia del Fiscal General del Estado del Gobierno, máxime cuando la reforma, lejos de fortalecer la autonomía de cada fiscal, aumenta extraordinariamente el poder del Fiscal General del Estado. Además, la policía judicial, que tan importante trabajo realiza para la investigación de los delitos, quedaría a las órdenes de los fiscales instructores.

Todo ello incrementa el riesgo de injerencias políticas, especialmente en casos de corrupción. Esto será más grave aún cuando, en paralelo, se va a acometer una fuerte limitación de las acusaciones populares, que restringirán su participación en procesos judiciales hasta dejarla vacía de contenido, destrozando este mecanismo constitucional de fiscalización ciudadana en casos de relevancia pública, que afectaría de lleno a casos de corrupción como el caso Koldo o investigaciones relacionadas con figuras cercanas al PSOE.

La última oportunidad que tienen los que la impulsan de terminar con las investigaciones por corrupción política como las que están llevando policías judiciales como la UCO de la Guardia Civil y los jueces de instrucción

Todo este paquete de reformas se realiza sin consenso y con una tramitación extraordinariamente acelerada. Las reformas se están llevando a cabo por vía de urgencia máxima,  sin  responder a una demanda social clara. Las iniciativas legislativas debilitan la confianza en el sistema judicial español, especialmente en un contexto de investigaciones de corrupción que afectan al Gobierno. El ejecutivo pretende con ellas controlar la justicia, someter el poder judicial al ejecutivo y eso va a provocar irremediablemente un daño a la independencia judicial y al estado de derecho.

La llamada “reforma Bolaños” es, en definitiva, la última oportunidad que tienen los que la impulsan de terminar con las investigaciones por corrupción política como las que están llevando policías judiciales como la UCO de la Guardia Civil y los jueces de instrucción. Por eso les interesa tanto. Por eso han despejado toda la agenda legislativa para sacarla adelante. Por eso se están aplicando todos los trámites de extrema urgencia parlamentaria para tramitarlas. Por eso se está negociando a toda prisa, dentro y fuera de España, con los socios parlamentarios.

Si las reformas salen adelante se resentirá gravemente la independencia judicial y el estado de derecho. Contra eso estamos luchando la inmensa mayoría de los jueces y fiscales de España. No es una reivindicación por intereses corporativos. No pedimos mejora de nuestras condiciones de trabajo. Estamos luchando por la independencia judicial, que no es nuestro privilegio, sino la garantía esencial de los derechos de los ciudadanos.