Habrá que jurar a los más jóvenes que hubo un tiempo en que el AVE era cómodo y tan puntual que por cinco minutos de retraso te devolvían el dinero, y que ese tiempo no queda demasiado lejos. En Barajas se solían formar líos más o menos esporádicos, lo habitual en el tráfico aeroportuario, pero la red ferroviaria constituía un consuelo o algo más que eso: una infraestructura con la que los españoles podíamos presumir de vivir en un país moderno. Así fue hasta poco antes de la pandemia, cuando ya se empezaron a apreciar los síntomas de deterioro que tras el covid se convirtieron en la rutina desastrosa que ahora conocemos. Esa ‘emoción’ de no saber ni cuándo sales ni cuándo llegas, ni qué clase de problemas puedes encontrar en el trayecto. «El cambio es que España funcione», dijo en los ochenta González a modo de programa de gobierno. El sanchismo es que España no funcione, podría añadir por su cuenta cualquier viajero. La diferencia es que hoy pagamos muchos más impuestos.

La vida cotidiana en Celtiberia se ha llenado de apagones inexplicados, trenes parados con pasajeros a la intemperie nocturna –o diurna, da igual– en mitad del campo, aeropuertos saturados en pleno comienzo de las vacaciones de verano. Sabotajes, sugiere el Ejecutivo, según su inveterada costumbre de buscar siempre culpables ajenos del colapso. Uno, tal vez; dos, quizá, pero estos incidentes cronificados requerirían un ejército de incansables guerrilleros del caos, brigadas enteras de ladrones de cobre, especuladores energéticos y piratas informáticos. Y si existe no parece que nadie se haya preocupado de localizarlo, combatirlo y, en definitiva, proteger a la población de tanto ataque vandálico. El presupuesto de vigilancia de las vías es de aproximadamente la mitad de los 120 millones dedicados a abonos para que los jóvenes de hasta treinta años hagan turismo a cuenta del Estado. Es decir, del esfuerzo tributario de los demás ciudadanos.