Miquel Escudero-El Correo
Amparadas por el anonimato, las redes sociales expanden bulos y trolas y son escenario de amenazas y acosos. Perturban el debido respeto a las personas y alteran sin coste la verdad. Las dictaduras las controlan férreamente.
¿Qué debe hacer una democracia? El gran jurista Manuel Marchena alerta de la tentación de neutralizar los espacios digitales de la disidencia política y entiende que el derecho penal es el último recurso a nuestro alcance para sancionar conductas inasumibles.
Ahora bien, ¿es posible identificar al internauta que activa cada serie de mensajes de odio en las redes? El magistrado reproduce algunos de ellos en ‘La justicia amenazada’: una foto de musulmanes rezando en una mezquita para los que se pide napalm; «negros portaos bien o a recoger algodón si queréis vivir aquí»; «fuera de España todos estos vagos que sólo vienen a practicar su tercermundismo mental». Fuera de los burladeros digitales, unos tipos destrozaron no hace mucho una carpa de apoyo a la Selección y golpearon a quienes estaban: «putas españolas, fuera de aquí, os vamos a matar, putos españoles de mierda, perras españolas, iros a vuestro país»; fueron condenados por delito de odio. Es capital restaurar la dignidad vejada y disuadir la repetición de vandalismos.
¿Podría la IA sustituir el desempeño de los jueces? Para Marchena, una sentencia «tiene que estar motivada por el análisis de los hechos y la valoración de las pruebas que se hayan desarrollado durante el juicio». El sesgo ideológico puede influir en el desenlace de un juicio, pero una resolución absolutoria o de condena no puede argumentarse a partir de la ideología o de un algoritmo.