Las graves acusaciones lanzadas el pasado miércoles por Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados sobre la vinculación de Sánchez con los prostíbulos de la familia de su mujer han roto uno de los últimos tabúes de la política española.

«¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución», espetó el líder del PP a Pedro Sánchez.

La polémica continuó este jueves cuando la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, insistió en que Pedro Sánchez «se ha beneficiado de pisos pagados con rendimientos de saunas-prostíbulos» donde trabajaban «inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse».

Además, el presidente que ahora pretende abolir la prostitución y se presenta como paladín del feminismo vivió durante años en un piso de Pozuelo de Alarcón pagado, siempre según el PP, con los beneficios de las saunas de su familia política.

De confirmarse las acusaciones de los populares, la incoherencia entre el discurso público de Sánchez y su biografía personal sería evidente.

El PP ha presentado además veintiuna preguntas parlamentarias exigiendo explicaciones sobre el uso de inmuebles públicos como prostíbulos por parte del suegro del presidente.

La hipocresía abolicionista

Según la documentación registral que opera en manos del PP, Begoña Gómez adquirió en 1997, cuando apenas tenía veintidós años, una vivienda en el exclusivo complejo Somosaguas Park.

Esta operación inmobiliaria sólo habría sido posible gracias al dinero de su padre, Sabiniano Gómez Serrano, que participaba en la gestión de varias saunas donde teóricamente, y siempre según el PP, se practicaría la prostitución, y de al menos dos prostíbulos en Madrid a través de la sociedad San Bernardo 36 SL.

Además, la familia controlaba desde finales de los años ochenta un ático de Muface de 139 metros cuadrados por sólo 850 euros mensuales que fue luego reconvertido en catorce habitaciones para alquilar por horas a sus clientes.

Esta polémica se suma a una larga lista de escándalos que han puesto en entredicho el discurso feminista del PSOE bajo el liderazgo de Sánchez.

Los casos más recientes incluyen los audios de Ábalos y Koldo contratando prostitutas y promoviendo su contratación fraudulenta en empresas públicas. Pero también el de Paco Salazar, uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, que tuvo que renunciar a la Ejecutiva del PSOE el pasado fin de semana tras ser acusado de acoso sexual y abuso de poder.

Por no olvidar las declaraciones de Margarita Robles sobre el término «pájara» que le dedicó Sánchez en sus conversaciones privadas, calificándolo ahora como «machista» después de años de restar importancia al asunto.

Dos debates legítimos

En este asunto confluyen dos debates legítimos que es necesario abordar con honestidad.

Primero, el de si Feijóo se equivocó al desviar la atención del tema principal de la corrupción hacia los negocios familiares de Sánchez. Aunque comprensible como respuesta a los ataques personales recibidos, esta estrategia podría alejar el foco de los cinco millones de euros de la trama de las mascarillas y los contratos de 600 millones adjudicados irregularmente.

Segundo, pero mucho más importante, si Sánchez ha podido beneficiarse de los negocios de su familia política.

Porque es cierto que nadie es responsable de lo que hacen sus familiares. Pero también lo es que un político, y más todavía si es presidente del Gobierno, está obligado a mantener una fuerte coherencia entre su discurso público y su comportamiento privado.

¿Se quejó Sánchez a su familia política cuando conoció el origen de estos negocios? ¿Por qué no hizo nada para distanciarse de esos recursos? ¿Por qué no rechazó la vivienda que se pagó con ese dinero procedente de la prostitución? ¿La sigue conservando?

Explicaciones parlamentarias

Sánchez debe una explicación inmediata sobre estos negocios y su relación con ellos, así como sobre el origen de su patrimonio inmobiliario.

El PSOE, además, debería ser el primer interesado en aclarar un asunto que, de confirmarse las acusaciones del PP, chocaría de pleno no sólo con su discurso feminista, sino también con esa reforma del Código Ético del partido que pretende expulsar de él a aquellos de sus militantes que consuman prostitución.

El presidente no puede escudarse en el silencio mientras impulsa leyes contra la prostitución que él mismo califica como «esclavismo y explotación sexual». Si el PSOE se propone expulsar del partido a quienes hagan uso de la prostitución, ¿qué sanción merecería entonces quien se beneficia, siquiera indirectamente, de ella?