- El barón castellano-manchego, dispuesto a liderar la resistencia frente a la «barra libre para los independentistas» que aviva «la debilidad por la oleada de corrupción». El asturiano Barbón transmite a Moncloa y Ferraz su rechazo.
Emiliano García-Page plantará cara al Gobierno de Pedro Sánchez contra la llamada «financiación singular» de Cataluña, llevándola al Tribunal Constitucional. Así lo hará, ante cualquier «reforma legislativa» que pueda provenir del acuerdo que, este lunes, prevén anunciar Moncloa y la Generalitat para que la comunidad recaude el 100% del IRPF.
Según fuentes cercanas al barón socialista, «el hecho de que haya una negociación aparte del resto es ya un trato de privilegio”. Y que la cesión del IRPF «rompe la igualdad entre los españoles» al suponer «la extorsión a la que lleva sometiéndose el presidente del Gobierno desde el inicio de la legislatura» por parte de sus socios independentistas.
«Esto es peor que el decreto para el reparto de menores extranjeros no acompañados», añaden, «porque aquí está en juego la igualdad de los españoles. Y es peor que la amnistía porque esa medida puede parecer abstracta, pero en este caso se trata de las cosas de comer».
Según Page, «la unidad de España está íntimamente ligada a la igualdad de oportunidades y de servicios del Estado de bienestar, porque son principios constitucionales».
La advertencia del entorno de Page llega en vísperas de la comisión bilateral Cataluña-Estado. Este lunes se prevé que el Gobierno y la Generalitat anuncien el acuerdo para dar «un primer paso» hacia esa llamada «financiación singular», también conocida como «cupo catalán».
El acuerdo fue alcanzado, primero, entre ERC y el PSOE para la investidura de Sánchez, en noviembre de 2023, y detallado después entre el PSC y ERC, para la investidura de Salvador Illa.
Page es el único barón socialista que se enfrentó contra Sánchez en la reciente Conferencia de Presidentes, donde e anunció que recurriría el decretazo de menas ante el TC.
Y fue también la única voz crítica, junto a la alcaldesa de Palencia, en el reciente comité federal del PSOE de hace una semana. Allí pidió «elecciones anticipadas» para «salvar, con generosidad», el PSOE del futuro ante la oleada de escándalos de corrupción y prostitución en el Gobierno y su entorno.
Para Page, la mera reunión del lunes y su objeto se trata ya de «un privilegio consecuencia de un chantaje y de una permanente escalada de cesiones ante chantajes absolutamente obscenos de quienes lo que buscan es tener más que los demás».
El socialista manchego admite que todos los presidentes autonómicos quieren más para sus regiones, «pero aquí se trata de consagrar un derecho a ser más que los demás por el mero hecho de ser catalán».
Y afirma tener claro que «la corrupción genera debilidad, y la debilidad del presidente genera negocio para los independentistas«.
En definitiva, «la corrupción ha traído barra libre y esto es absolutamente grave porque va a traer consecuencias muy importantes para lo que tendría que ser sagrado para la izquierda, que es el principio de igualdad«, afirma.
El presidente de Castilla-La Mancha, de hecho, no esconde su malestar con la dirección del PSOE, a la que acusa de haber retrasado la reunión del lunes, adrede para que fuera después del comité federal del PSOE.
«Deliberadamente, se ocultó este debate de la financiación», denuncia, aludiendo a una reunión en la que, incluso, se le negó el derecho a la réplica. «Pareciera que los independentistas estaban dentro de la reunión del PSOE porque se atrasó aposta para que se cortara el debate al comité federal, lo cual me duele especialmente”.
Junqueras avisa
Page rechaza lo pactado entre su partido y Esquerra, equiparable al cupo vasco o navarro. «Me da lo mismo que vaya por plazos, que sea progresivo. Porque es un cupo catalán», que para él está «por supuesto, fuera de la Constitución«… aunque, según lamenta, «eso es lo que menos le importa a los socios del Gobierno».
Por su parte, Oriol Junqueras, sigue pendiente de la negociación. Aunque oficialmente se está avanzando en el acuerdo entre el Gobierno y el Govern, fuentes de su entorno confirman a este diario que, «cada paso que se da», se consulta con el líder republicano. El objetivo es que lo que se anuncie el lunes cuente con el apoyo de ERC desde el inicio.
El presidente de la formación separatista de izquierdas advertía este sábado de sus siguientes pasos, que paradójicamente, pueden darle la oportunidad a Page para actuar: «Presentaremos en los próximos días una proposición de reforma legislativa para asegurar que Cataluña pueda cobrar y gestionar todo el IRPF, su primer objetivo, y también en el futuro el resto del sistema impositivo».
Y es que, en cuanto haya un documento con personalidad jurídica, el Consejo de Gobierno castellano-manchego podrá actuar.
Según Junqueras, dado que no podrá «estar seguro de los acuerdos de ambos gobiernos hasta el lunes, la Agencia Tributaria Catalana debe cobrar vigencia cuanto antes. «No puede quedar subordinada a la agencia estatal: ha de poder ejercer sus funciones con plenitud, y también con plazos de tiempo bien definidos».
El líder independentista de ERC ha estado en «intenso contacto» con Sánchez y con Illa en estas últimas semanas, tal como confirman desde su entorno. Y así, aunque el pacto se prevé que sólo sirva para la «recaudación» del IRPF y no para su gestión, el siguiente paso tendrá que ser ése, para «que Cataluña pueda gestionar 30.000 millones de euros, y no 5.000 millones como ahora».
Junqueras ha lanzado un último aviso, en rueda de prensa: «Los apoyos de ERC a otras iniciativas de ambos gobiernos dependen en gran parte de las concreciones o de la falta de ellas que salgan de la reunión del lunes».
Barbón, a la zaga
Aunque muchas veces lo parezca y él mismo diga no esperar apoyos en el seno del PSOE, Page no está solo. Adrián Barbón, presidente de Asturias, no es tan vehemente en público, pero ya ha avisado a Moncloa y Ferraz de que «jamás» aceptará un modelo con privilegios, según fuentes de su entorno consultadas por este periódico.
Barbón exige que «todo acuerdo de financiación debe negociarse de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera». Y un portavoz de su Gobierno lo explica: «No daremos por válido nada que perjudique a Asturias… y mucho nos tendrán que explicar que es posible privilegiar a unos ciudadanos sin perjudicar a otros«.
El Gobierno asturiano, a la zaga del castellano-manchego, recuerda la Declaración de Santiago, firmada por ambos en 2021. Aquel documento reunió por iniciativa del entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a ocho comunidades para exigir una reforma del modelo de financiación autonómica que garantice la «igualdad entre territorios».
El socialista Barbón, de hecho, ratificó ese compromiso hace sólo dos meses, junto a los presidentes populares de Galicia, Alfonso Rueda, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Y esta semana, el consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, insistía en que «las comunidades autónomas de régimen común tenemos que concurrir en un plano de igualdad, a negociar el nuevo modelo de financiación».
Peláez marcó posición eso sí, sin anticipar el enfrentamiento con Moncloa: «No admitiremos ningún privilegio y, sobre todo, lo que no admitiremos de ninguna manera es ningún perjuicio al Principado de Asturias».