ARajoy nunca se le ocurrió (en realidad casi nunca se le ocurría nada) la idea de hacerse la víctima de la corrupción de su partido. Y si se le hubiese ocurrido, la mayoría de sus votantes y la totalidad de sus aliados lo habrían mandado a esparragar y expulsado del poder a gorrazo limpio. Sánchez y los suyos, en cambio, no sólo se proclaman la solución de su problema sino que en vez de asumir responsabilidades hacen pucheritos de contrición y tristeza; sólo les falta decir que lo que les ha pasado a sus corruptos es que se han contagiado del marco moral de la derecha. Su principal línea de defensa consiste en halagar a sus partidarios sosteniendo la sedicente y abstracta superioridad ética de la izquierda y estigmatizando al adversario con la etiqueta de llevar la indecencia y la venalidad como una huella genética, un vicio estructural, una tara indeleble incrustada en su más profunda esencia. En el núcleo mismo de su naturaleza.

Esta impostura no pasaría de ser un recurso desesperado si no contara con la complicidad de unos socios dispuestos a explotar en beneficio propio la necesidad gubernamental de amparo exculpatorio. Y por supuesto, a cobrar a precio de oro cada capotazo de apoyo a un Ejecutivo consciente de su estado agónico. El bloque Frankenstein está construido sobre un proyecto destituyente, y la crisis abierta en el sanchismo es perfecta para este propósito. Los diferentes grupos nacionalistas y separatistas contemplan como una formidable oportunidad política la ansiedad de este presidente, cuyo entorno, incluida su familia, está en la mira de los tribunales de justicia. Es el momento idóneo para demostrar que la amnistía, como reiteradamente ha expresado Puigdemont, sólo era el principio de un largo inventario de reclamaciones rupturistas que estaban más o menos aparcadas a la espera de la coyuntura precisa. Justo la que ahora tienen en perspectiva.

Esta legislatura sólo puede aguantar –el tiempo que aguante– mediante un avance en el proceso de desmontaje de las bases constitucionales. Y eso resulta mucho más fácil de obtener con un Gobierno en dificultades tan graves que incluyen un horizonte penal desagradable. El sonrojante espectáculo parlamentario que desplazó sobre la oposición las culpas de Sánchez fue sólo la escenificación de un nuevo chantaje, con otra ronda de privilegios catalanes a modo de primer plazo de rescate. Sucede que el extorsionado está encantado de pagarlo porque eso abrirá un debate susceptible de opacar los demás escándalos y porque además le permite esbozar la estrategia electoral sobre la que intentará salvar el mandato: un frente confederal con el desbordamiento de la Constitución, explícito o de facto, como eje programático. El final de esta etapa convulsa no va a ser plácido. Los últimos espasmos del régimen sanchista amenazan con una intensa sacudida de los cimientos del Estado.