No son los vecinos de Torre Pacheco los que están perpetrando las «cacerías» contra los inmigrantes que han dejado en la localidad murciana dos noches consecutivas de graves altercados.
EL ESPAÑOL ha podido confirmar que la mayoría de los individuos que han vandalizado mobiliario urbano y amenazado a la población marroquí son alborotadores de ultraderecha, muchos cubiertos con pasamontañas, que se desplazaron el sábado desde otros municipios, acudiendo a la llamada de canales y agitadores en redes sociales para formar «patrullas vecinales».
Son desazonantes y tenebrosas estas imágenes de violencia organizada contra los marroquíes que evocan los salvajes pogromos medievales.
Pero resulta aún más inquietante que un partido político con representación parlamentaria esté contribuyendo a azuzar este clima de terror.
El presidente murciano de Vox, que acudió el sábado a Torre Pacheco a respaldar las movilizaciones de los vecinos en repulsa del ataque que sufrió un vecino presuntamente a manos de un marroquí, atizó el fuego y aseveró que «los vamos a deportar a todos, no va a quedar ni uno».
Buscando sacar tajada electoral de los incidentes, Vox ha amplificado a través de sus redes sociales y sus medios afines los mensajes de odio que han provocado las persecuciones y los intentos de agresiones de los ultras.
A nadie se le oculta que el partido de Santiago Abascal se ha entregado en las últimas semanas a una radicalización de su discurso antiinmigratorio, con una retórica cada vez más denigrante sobre la «invasión islámica» y una caricatura capciosa de la población musulmana como un grupo de violadores y mantenidos.
Sólo unos días antes de los disturbios en el barrio de San Antonio, Rocío de Meer defendió la expulsión de millones de inmigrantes si no se «adaptan», sin distinguir entre legales e ilegales ni entre primera o segunda generación.
Naturalmente, el horizonte de Vox de deportar a ocho millones de personas es completamente inviable, teniendo en cuenta los intricados y garantistas procesos administrativos que regulan la nacionalidad y los permisos de residencia.
Pero esta clase de discursos deshumanizadores sí provocan un resultado tangible: excitar las pulsiones xenófobas que criminalizan a los extranjeros.
En cualquier caso, sería tramposo pasar por alto que el detonante de los disturbios fue la brutal paliza sufrida por un anciano de Torre Pacheco en la madrugada del miércoles, que él sostiene fue propinada por diversión por un magrebí.
Y es que tan demagógico es instrumentalizar una agresión para satanizar a todo un grupo poblacional como negar que existe un problema de creciente inseguridad en España, vinculado en gran medida al crecimiento de la inmigración ilegal.
Resaltar la evidencia de que se han incrementado los delitos violentos imputables a población extranjera no debería ser óbice para recordar que, en conjunto, la inmigración ha sido muy positiva para España.
Y que la gran mayoría de ella, de origen hispanoamericano, no plantea ningún problema de integración, al contrario de lo que dibuja el discurso nativista y conspiranoico de Rocío de Meer sobre el «reemplazo poblacional».
Es razonable denunciar el oportunismo de Vox, que ha amplificado los delirios racistas de grupos ultras minoritarios. Pero no cabe soslayar que hay también una minoría de inmigrantes, más común entre la procedencia magrebí y subsahariana, que llega de manera ilegal y ocasiona alteraciones del orden público.
Ese problema no va a resolverse con organizaciones parapoliciales que se tomen la justicia por su mano. Las batallas campales formadas este fin de semana en Torre Pacheco, después de que algunos jóvenes marroquíes formaran guerrillas urbanas para responder a los cazadores, atestiguan que responder a la delincuencia con revanchismo callejero sólo engendra más violencia.
Pero los españoles que más sufren la inseguridad no pueden sentirse abandonados por el Estado. El problema de la inseguridad asociada a la inmigración irregular sólo se resolverá con un control de fronteras mucho más solvente y con un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad, especialmente en aquellas zonas de España que conviven con bolsas de marginalidad más populosas.