El objetivo, según estas fuentes, es borrar cualquier vestigio «de que el Estado pidió perdón a quienes dieron un golpe contra la Constitución, proclamando una independencia unilateral».

La derogación de la amnistía, de este modo, se incluirá dentro del primer punto anunciado por Feijóo en el «decálogo» de compromisos que proclamó en su discurso de cierre del reciente congreso nacional popular. Según dijo, estas medidas serán impulsadas «en los primeros 100 días» de su mandato, si los españoles le dan su confianza.

La «regeneración democrática e institucional» es la principal baza con la que juega el líder de la oposición para diferenciarse de Pedro Sánchez, inmerso en una oleada de escándalos, y al que Feijóo acusa de «no tener escrúpulos» para «colonizar» y poner a su servicio las instituciones del Estado.

El PP considera que la Ley de Amnistía representa una «corrupción política» que, por «cuestiones morales», debe ser «eliminada del ordenamiento jurídico español».

Sin embargo, en el PP admiten que la medida tendrá un alcance «esencialmente simbólico». Así lo admiten fuentes parlamentarias populares, que reconocen que la derogación no tendrá efectos prácticos sobre los beneficiarios de la amnistía.

La razón es doble: por un lado, el artículo 9.3 de la Constitución impide que una ley penal más desfavorable tenga efectos retroactivos. Y por otro, más de 300 personas ya han sido amnistiadas y el Tribunal Constitucional acaba de avalar la norma.

La pregunta de Rufián

Cabe recordar que el pasado miércoles, durante los debates sobre corrupción y política internacional en sendos plenos extraordinarios del Congreso, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, interpeló a Feijóo directamente sobre sus intenciones respecto a la ley.

«¿Va a derogar usted la Ley de Amnistía cuando gobierne? ¿Lo va a hacer?», preguntó insistentemente desde la tribuna. Las cámaras captaron un gesto imperturbable de Feijóo, lo que alimentó la interpretación de Rufián de que al PP le conviene que la norma siga vigente, incluso para que pueda aplicarse a Carles Puigdemont en lo relativo a la malversación de fondos públicos.

Según esta teoría, la efectividad de la amnistía le facilitaría al PP futuros acuerdos con Junts, sin tener que «viajar a Waterloo para negociar», como le exigió hace un par de semanas el partido de derecha separatista catalán a Miguel Tellado.

También se librarían los populares, según interpreta ERC, de pagar el precio de tener que pactar con quien aún es considerado por sus votantes un «delincuente prófugo de la Justicia».

Una «cuestión moral»

Sin embargo, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, asegura que Feijóo respondió afirmativamente a Rufián desde su escaño. La diputada leonesa se estrenaba la semana pasada en el cargo y en el asiento contiguo al del presidente popular, y así lo ha confirmado a este periódico.

Para el PP, se trata de una «cuestión moral». La ley de Amnistía fue «el precio pagado por Pedro Sánchez para asegurar su investidura», con los siete votos imprescindibles de Junts ,acordada en la llamada semana de la marmota del hoy encarcelado Santos Cerdán en Bruselas y negociada, párrafo a párrafo, meses después, en las reuniones con mediador internacional en Suiza.

El partido conservador denuncia que la amnistía, en contra de lo que sería exigible, «no responde a un interés general». Y alega que se trató de una «autoamnistía» contraria a los principios del Estado de derecho.

Y que, aunque el Tribunal Constitucional avaló recientemente la ley, rechazando el primer recurso a la misma, presentado por el PP, la sentencia no ha cerrado el debate.

Y es que quedan pendientes las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este martes, de hecho, se celebra la primera vista en Estrasburgo. Además, la Comisión Europea parece estar en sintonía con la argumentación del PP, ya que calificó la norma como una «autoamnistía» en un dictamen solicitado por el TJUE, del que informó en primicia este periódico.

En ese texto, Bruselas argumentó esta opinión en que los votos de los beneficiarios fueron «imprescindibles» para la aprobación de la norma.

Por otro lado, varios de los afectados por la ley han presumido de haber participado, también, en su redacción. De modo que el Ejecutivo comunitario cree que puede no ser compatible con el Estado de derecho, tal como viene reconocido en los Tratados de la Unión Europea.

Sin rastro del ‘sanchismo'»

El PP exigió la abstención del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, alegando posibles conflictos de interés. Además, reclamó que el TC esperara a la resolución del TJUE, sin éxito.

Para los populares, esta combinación de «concesiones al independentismo» y los escándalos de corrupción están socavando la institucionalidad, la unidad de España y la imagen internacional de nuestro país.

Precisamente, porque a la «falta de escrúpulos» del presidente Sánchez se añade «su debilidad», que permite a Junts incrementar la presión sobre el Gobierno.

Por eso, el PP considera que la derogación de la amnistía será una señal inequívoca de su compromiso con la regeneración democrática. Aunque la medida no revertirá los efectos ya producidos, Feijóo busca que no quede en vigor «ningún rastro del ‘sanchismo'» que, a su juicio, «ha quebrado la igualdad jurídica de los españoles» y «blanqueado la corrupción política».