De los dieciséis jueces, entre instructores y juzgadores, por cuyas manos pasó el caso de los ERE, sólo cuatro rechazaron la malversación que la Audiencia de Sevilla y el Supremo apreciaron en sus respectivas sentencias. El dato ayuda a comprender la cautela del tribunal sevillano, autor del veredicto original, a la hora de consultar a la Corte europea antes de aplicar la resolución del Constitucional que revocó las condenas. Esa cuestión prejudicial contiene una potente requisitoria contra el «riesgo sistémico de impunidad de la corrupción política» latente en la «interpretación restrictiva» del órgano de garantías, y al mismo tiempo una denuncia sobre la posible creación de una doctrina del delito de prevaricación redactada a medida de los intereses de los dirigentes socialistas. Se trata de un debate mucho más importante que el de la simple y legítima discrepancia jurídica: está por medio la cuestión fundamental de la autonomía de la Justicia.

Dicho de otra manera, la Audiencia se resiste al borrado penal del fraude, asunto esencial cuando quedan más de cien piezas pendientes en diferentes fases. Un fraude que reconoció en su momento el propio Griñán –aunque lógicamente se descartase a sí mismo como culpable– y que puede quedar sin castigo pese a sus dimensiones gigantes si prevalece el argumento del TC sobre la exoneración de responsabilidades en la esfera más grave: la de los altos cargos que repartieron 680 millones de euros en subvenciones irregulares. La ponente del fallo, Inmaculada Montalbán, utilizó la premisa sobre la que luego ella misma ha amparado la constitucionalidad de la ley de amnistía: la idea de que el respaldo parlamentario –aunque en los ERE se produjo de forma subrepticia, a través de una partida presupuestaria semiclandestina– otorga cobertura legal a cualquier decisión política o administrativa. El sello doctrinal de Pumpido y sus teorías constructivistas.

El desfalco andaluz se produjo mucho antes del advenimiento del sanchismo, que de hecho llegó a suspender a Chaves y Griñán de su militancia en el partido. Pero la absolución le ha servido para construir uno de sus falsos relatos propagandísticos, el de la cacería judicial y mediática orquestada por elementos conspirativos. Los portavoces oficialistas, con María Jesús Montero al frente, han divulgado la idea del fraude inventado, ficticio, con la intención de sembrar también la duda sobre los escándalos que cercan al actual Ejecutivo. De ahí la relevancia del gesto de los magistrados al porfiar en defensa de su criterio y buscar en Luxemburgo una clarificación objetiva antes de eximir de la pena a los reos. No estamos ante una farragosa controversia de leguleyos sino ante un episodio más de la batalla por la prevalencia del positivismo normativo como base del Estado de derecho frente al concepto relativista que intenta imponer el Gobierno.