Editorial-El Mundo

En la rueda de prensa tras su toma de posesión el pasado enero, Donald Trump se refirió a España como un país de los «BRICS», el acrónimo que acomuna a los países del llamado Sur Global no alineados con la gobernanza del orden mundial vigente.

No está claro si el comentario se debió a un lapsus del presidente, o a una pulla maliciosa para afearle a España su escaso compromiso con la seguridad colectiva. Pero, en cualquier caso, parece que Pedro Sánchez se está esforzando por darle la razón a Trump de alguna manera.

Sánchez ya se desmarcó del consenso atlántico en la última cumbre de la OTAN, significándose como la única voz discordante en el acuerdo firmado por todos los socios de la alianza para aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB.

Este desacato nos reportó una amonestación del propio Trump, que amenazó con hacer pagar a España imponiendo aranceles a nuestros productos. Y le valió a nuestro país el baldón de «paria de la OTAN» entre el resto de jefes de gobierno y la prensa internacional.

A la vez, el Gobierno de Sánchez ha venido siguiendo una política exterior que aleja a España de nuestros socios naturales de Washington y Bruselas, y la acerca peligrosamente a otros actores con marcada orientación antioccidental.

En particular, a China.

En una carta remitida este jueves, el Senado de Estados Unidos ha lamentado que el gobierno español «no se toma en serio la amenaza de China». Y ello a propósito de la adjudicación por el Ejecutivo de Sánchez de contratos a Huawei, controlada por el Partido Comunista Chino.

En la carta, el Senado solicita a la jefa de inteligencia del gobierno estadounidense la revisión de los acuerdos de intercambio de información con España, para que «no revele secretos de seguridad nacional de los EEUU al Partido Comunista Chino», que «podría tener acceso encubierto al sistema de interceptación legal de una nación aliada de la OTAN».

La petición llega después de que el Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos advirtiera este miércoles de que España «está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos».

No extraña la estupefacción de la Cámara de Representantes ante el hecho de que España esté utilizando «a un conocido agente del Partido Comunista Chino para recopilar y almacenar cantidades ingentes de datos sensibles».

Porque la adjudicación durante años de contratos a la compañía telefónica china para gestionar y almacenar escuchas telefónicas policiales autorizadas judicialmente testimonia una falta absoluta de precaución por parte del Gobierno, que está exponiendo algunas de las materias más comprometidas del Estado a un actor que la UE califica desde 2019 de «rival sistémico».

Y sobre el que, según los informes revelados por EL ESPAÑOL, el CNI lleva alertando años por considerarlo una amenaza para la estabilidad de España y la OTAN.

El Gobierno cuenta con sobrada información sobre los «muy activos» espías chinos en España, que tratan de «ejercer presión» para obtener información confidencial sobre las decisiones de la UE y la OTAN en las esferas de poder, e «influencia en las altas esferas de poder político y económico».

¿Cómo es posible, entonces, que, conociendo que los servicios de inteligencia chinos actúan (según la documentación de EEUU) «especialmente en el ámbito científico/tecnológico», el Gobierno le haya encomendado la custodia de las escuchas policiales?

Es inevitable sospechar que en la creciente infiltración china han jugado un papel capital los distintos expolíticos socialistas que han tenido como clientes de sus consultoras a Huawei, como Pepe Blanco en Acento. Y quienes, como José Luis Rodríguez Zapatero, han venido ejerciendo oficiosamente de promotores de la amistad hispano-china.

Y todo ello al socaire de una ausencia de regulación de los grupos de interés que permite a los lobbies españoles desplegar sin rendición de cuentas actividades opacas que pueden llegar a comprometer el interés nacional.

Pero más preocupante resulta aún que sea el propio presidente del Gobierno quien, siguiendo la doctrina zapaterista sobre el acercamiento a China, esté abogando por cambiar la mirada sobre el régimen de Xi Jinping y construir alianzas más estrechas con Pekín.

Y ello pese a que el Departamento de Seguridad Nacional ha señalado a China como uno de los principales agentes que utilizan la desinformación como elemento desestabilizador en el mundo, en un informe presentado el mismo día en el que Sánchez aterrizaba en Pekín en su última visita oficial.

Un viaje que fue leído como una reacción a la guerra arancelaria de Trump con el propósito de explorar una diplomacia alternativa ante la ruptura con EEUU, pero que no fue bien recibido en Burselas.

Pero es que al haber abierto sus puertas a la influencia china y a sus objetivos geopolíticos, España no sólo se ha vuelto «vulnerable a claras amenazas a su seguridad y a su soberanía», como reza el informe de la comisión estadounidense. Sino que también ha vuelto vulnerables «a sus aliados en todo el mundo». Lo cual supone un paso más en el alejamiento de España del consenso euroatlántico que contribuirá a empeorar su reputación de socio poco fiable en materia de inteligencia y defensa.