Más allá de esta atípica actividad en los días finales, estas fechas proporcionan también una buena oportunidad para hacer un balance provisional del curso, siempre conveniente pero con mayor razón en ejercicios tan problemáticos como el actual. Y de forma muy especial cuando el final del curso parlamentario coincide con el ecuador de una legislatura que ha presentado también características muy peculiares desde su inicio; y que ha tenido que afrontar una serie de problemas que no se habían planteado en ninguna de las anteriores legislaturas.

Dejando aparte los aspectos de carácter estrictamente jurídico-penal de los casos que han copado la actualidad mediática estos últimos días, en lo que se refiere exclusivamente a las cuestiones de la vida parlamentaria, es preciso aludir a un hecho que ha condicionado por completo el desarrollo del curso político, así como el de la legislatura en su conjunto. Se trata, como ya se ha reseñado en estas mismas páginas, de la falta de una mayoría parlamentaria con un mínimo grado de cohesión política y un programa común de gobierno y de legislatura.

Esto ha dado lugar a una situación en la que, para poder conseguir mayorías numéricas en el Congreso, ha habido que concertar acuerdos muy discutibles. El primero sobre la amnistía, para hacer posible la investidura con la que arrancó esta legislatura. No se trata de que la amnistía sea inconstitucional sino de que recurrir a ella -además no estaba prevista antes de la investidura- para obtener la mayoría numérica que la posibilita supone la más completa desnaturalización de una figura como la de la amnistía; que nunca puede ser un objeto de transacción interpartidista para obtener mayorías parlamentarias ocasionales, incluidas las que pueden hacer posible la investidura.

Hay también otros efectos de la falta de una mayoría parlamentaria efectiva (que no hay que confundir con las mayorías numéricas ocasionales). Por mencionar el más próximo en el tiempo, la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado; no solo en el curso que ahora finaliza sino también en el anterior y hay dudas más que razonables de que vayan a poder salir adelante en el próximo. No han faltado otras situaciones problemáticas, en las que el Gobierno ha tenido que ceder a las exigencias, a veces muy discutibles, de algunos de sus socios parlamentarios para contar con su respaldo en las iniciativas planteadas.

Pero si la falta de una mayoría parlamentaria efectiva y con un mínimo de cohesión política es uno de los principales factores que han incidido negativamente a lo largo del curso, la actitud de la oposición ha agravado la situación hasta límites difícilmente soportables. A falta de posibilidad alguna de articular una mayoría parlamentaria alternativa, ha optado por centrarse en una retórica ‘antisanchista’ ajena por completo a la actuación propia de una oposición parlamentaria con un mínimo de seriedad (las referencias en el último pleno al suegro y a la condición de «beneficiario a título lucrativo» del presidente son ilustrativas). Una actitud que solo contribuye a agravar un deterioro institucional que no ha dejado de reproducirse a lo largo del curso.

A punto de llegar al ecuador de esta legislatura particularmente problemática, es difícil pronosticar cuántos cursos más puede durar. Pero más que tratar de prolongar como sea su duración o, por el contrario, exigir sin más su final inmediato, convendría tratar de extraer las enseñanzas de la experiencia de estos dos años para que, bien lo que queda de legislatura o bien la próxima, aunque no sean tan ‘animadas’ sean mas fructíferas y menos problemáticas.