A pesar de la agonía, el tira y afloja que Sánchez mantiene con sus aliados parece más una relación de conveniencia, constatada esta semana en las cumbres de su Gobierno con Cataluña y, días después, con Euskadi. Pese al decepcionante resultado confesado por Junts y el PNV, que lamenta el reiterado incumplimiento del Estatuto de Gernika, los socios siguen sin mostrar un interés real por la opción de la ruptura. Prefieren mantenerse dentro de la ecuación de la gobernabilidad, por muy imperfecta que sea, por temor a la llegada del PP a La Moncloa de la mano de Vox, convenientemente azuzado por el presidente del Gobierno tras el lamentable protagonismo de la ultraderecha en el brote violento de Torre Pacheco.

El caso de Cristóbal Montoro ha puesto al alcance de Sánchez otra tabla de salvación. Y no sólo por la gravedad del escándalo: la imputación del exministro de Hacienda con Aznar y Rajoy por presuntamente haber utilizado su influencia política con empresas gasistas. Firmas que se beneficiaban de reformas legislativas por las que pagaban a un despacho del que Montoro era socio fundador. La tibia respuesta de Feijóo se lo ha puesto más fácil al PSOE, que acusa al PP de «prácticas mafiosas» como venganza por la ofensiva popular contra Santos Cerdán. Frente al riesgo de descrédito, se impone la prevalencia del Estado de Derecho para cerrar cualquier grieta por la que cuelen males como la xenofobia y la corrupción.