Montoro y los socialistas de todos los partidos

La imputación por un juzgado de Tarragona del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, acusado de «liderar una organización para traficar desde el ministerio con la modificación de leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos», nos sitúa en la tesitura moral de echar la vista atrás para hacer, o quizá rehacer con propósito de enmienda, un juicio crítico del Gobierno de Mariano Rajoy, la última oportunidad que vio nuestro tiempo para haber corregido el rumbo de un país que lo había perdido tras la masacre del 11 de marzo de 2004. Los 10.866.566 votos, 186 escaños, que el PP logró en las generales del 20 de noviembre de 2011 no fueron sino un mandato imperativo de la ciudadanía al nuevo poder político para situar el cuerpo enfermo de la España masacrada por Rodríguez Zapatero en la mesa de operaciones y abrir en canal con cirugía de urgencia. Nada se hizo. Tras el fiasco de la absoluta de Aznar en 2000, la derecha democrática volvió a fallarle al país con esta nueva mayoría. Fallo estrepitoso en lo político y también en lo económico. Pocos episodios resumen la tragedia de lo que fue la era Rajoy como su comparecencia, 27 de febrero de 2019, con Pedro Sánchez ya en Moncloa, en el juicio seguido en el Supremo contra los responsables del golpe de Estado protagonizado por el separatismo catalán. Porque en algún momento dio la impresión de que Mariano —sudoroso, tratando de escurrir el bulto y mintiendo como un bellaco— había abandonado su condición de testigo para pasar a ocupar el banquillo de los acusados, el de los responsables de la farsa/tragedia que vive España. Y por un instante dio la sensación de que, además de a los autores del golpe, allí se estaba también juzgando a los que por su cobardía y su incapacidad para cumplir con su deber dejaron hacer a los enemigos de la nación, se estaba pasando revista al destrozo catedralicio perpetrado por un zote incapaz de enmendar el rumbo de España con todo a favor, un inútil que en aquel momento debería estar ya sentado no sé si en el mismo banquillo de los autores del golpe separatista, pero en el banquillo de los responsables de las desdichas de España.

Montoro reía con la sonrisa de la hiena

Al día siguiente, 28 de febrero de 2019, compareció ante el Supremo Soraya Sáenz de Santamaría, celebrada opositora, ama de llaves de Mariano en Moncloa, la nada con gaseosa. Ella tampoco supo nunca nada. El CNI sí lo sabía: con cerca de 3.000 agentes, buena parte de ellos radicados en Cataluña, el Centro lo supo todo y por su orden. El general Sanz Roldán informaba diariamente a la señora vicepresidenta, quien a su vez ponía al corriente de las novedades al señor presidente, pero ambos decidieron no hacer nada. Optaron por esconderse. Ambos mintieron ante el Supremo, porque lo único que les importaba era salvar su pellejo. También compareció Montoro, el todopoderoso ministro de Hacienda de Rajoy, con mucho la figura más importante de su Gobierno por encima de Soraya. Los medios aludieron al día siguiente a la perplejidad causada en el auditorio por un personaje que no había preparado su declaración, a la incuria de un tipo convertido en gran responsable del fracaso del Gobierno popular en materia económica. Varios meses tardó el Ejecutivo en meterle mano a las reformas, con un déficit público desbocado heredado de ZP como acuciante problema, ello para no perjudicar las opciones electorales de Javier Arenas en Andalucía. Y cuando lo hizo fue a medias, tarde mal y nunca, y de forma torticera. Traicionera. Porque en lugar de hincarle el diente al gasto, racionalizar el gasto público, lo que hizo Montoro fue meter la mano en el bolsillo de las clases medias con una subida de impuestos que para sí hubiera querido la izquierda más rabiosa. Montoro reía con la sonrisa de la hiena que disfruta haciendo lo contrario de lo que esperaban los votantes que optaron en 2011 por la papeleta popular. Claro que hacía tiempo que Mariano había expulsado del partido a conservadores y liberales. En el PP quedaron “los socialistas de todos los partidos” a los que Hayek dedicó su “camino de servidumbre”. Una especie de gestoría de asuntos de Estado sin ideología conocida. Ni siquiera un partido socialdemócrata. A finales de 2013, el impulso reformador, si alguno hubo, del Gobierno Rajoy ya se había parado en seco, con la reforma laboral (tímida, parcial y acomplejada) como único activo digno de mención.

Lo que Montoro hacía con frecuencia era agredir verbalmente a las empresas, grandes y pequeñas. «No se explica que cualquiera de nosotros esté tributando por el IRPF o una pyme esté tributando un 18% y un grupo consolidado esté tributando el 7%» (…) «Cuando llegamos al Gobierno en 2012, el tipo efectivo de los grandes grupos era del 3%, lo que quiere decir que grandes grupos de España pagaban cero». Tal decía desde la tribuna del Congreso en fecha tan tardía como febrero de 2017. Lo que ahora sospechamos es que a Cristóbal le gustaba apretar las tuercas a aquellas grandes empresas que se negaban a tener trato con Montoro y Asociados Asesores —la firma de consultoría por él creada en 2006, más tarde renombrada como Equipo Económico (EE) cuando, con motivo de su vuelta al Congreso como diputado del PP en 2008, vendió sus acciones y dejó la firma en manos de sus hombres de confianza (Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda con Aznar y su hermano Felipe Martínez Rico, quien luego sería jefe de gabinete en la segunda etapa de Cristóbal como titular de Hacienda)— para encargar algún informe a tanto el folio o para sugerir algún cambio legislativo favorable, ello si hemos de dar crédito a lo que el juez de Tarragona afirma en su escrito. Un gran escándalo convertido en un secreto a voces. En el Madrid de la era Rajoy era un clamor en el ambiente de los bufetes de abogados y asesores fiscales y financieros el hecho de que todo aquel que tuviera un problema con Hacienda estaba obligado a pasar por la sede de EE. Tráfico de influencias al por mayor.

Le gustaba apretar las tuercas a las empresas que se negaban a tratar con EE

Al margen de que los 27 investigados en el caso deben gozar del beneficio de la duda, la presunción de inocencia, hasta que un tribunal diga lo contrario en sentencia firme, quedan muchas incógnitas por desvelar en este nuevo capítulo de la inacabable saga de la corrupción patria y no pocos misterios, como que el sumario haya permanecido nada menos que ocho años secreto, ocho años sin que los imputados hayan tenido ocasión de acceder a la documentación que les incrimina para defenderse, pero hay episodios reveladores que apuntan en Montoro a un tipo de prácticas reñidas con el más elemental principio de legalidad. Me refiero a su enemistad con el también ministro (Industria) José Manuel Soria. En julio de 2012, apenas medio año después de llegar al Gobierno, ambos se enfrentaron en pleno Consejo de Ministros cuando el canario trató de aprobar una reforma del sistema energético que implicaba fuertes recortes de las subvenciones a las renovables y en particular a la termosolar, recorte contrario a los intereses de las empresas que facturaban a EE, entre ellas la andaluza Abengoa, donde el citado Martínez Rico figuraba como consejero. En plena refriega, Montoro, que siempre había esgrimido que su relación con EE era nula desde 2008, se opuso con vehemencia a esa retirada de primas enarbolando un informe con membrete de Hacienda, momento en el que Soria abrió su cartera para exhibir el mismo informe pero con membrete de Abengoa, iniciativa que dejó al descubierto la verdadera autoría del documento y puso al titular de Hacienda contra las cuerdas.

Cada día aparecen nuevos episodios en la fecunda historia de corrupción que parece escoltar el paso de Montoro por el ministerio de Hacienda, un tipo odiado por casi todos, dentro y fuera del PP, dentro y fuera del periodismo. Un político que usó su poder para castigar a sus enemigos, personales o políticos, quizás la peor forma de corrupción posible. Son numerosos los casos (entre los que me encuentro) de colegas a quienes el titular de Hacienda echó a la Agencia Tributaria encima como una forma de venganza por haber criticado su gestión. Es la apropiación indebida de estructuras del Estado en beneficio propio, una corrupción que desde 2018 practica diariamente Sánchez con total desparpajo. Montoro fue quien dio alas a la desenfrenada y liberticida AEAT que hoy padecemos, la tiranía fiscal de una administración tributaria que sistemáticamente viola la presunción de inocencia a efectos fiscales porque no considera a los contribuyentes como ciudadanos, sino como súbditos.

El PP se corrompió y perdió el poder

La imputación de un político que presuntamente cobraba por modificar o suavizar leyes fiscales vuelve a poner en evidencia la existencia en nuestro país de una corrupción sistémica, una corrupción estructural, que ha echado raíces. Un cáncer sin aparente solución. “Uno de los vértices del fenómeno es el político corrupto; otro, el empresario corruptor y después la tecnoestructura administrativa que gestiona y o bien mira hacia otro lado o bien participa directamente en el amaño. Esta tercera pieza es clave porque la Administración funciona con informes jurídicos, financieros, pliegos técnicos, papeleo ingente… Un tercer vértice sobre el que nunca se han puesto los focos”, afirma Joan Llinares, ex director de la Agencia Valenciana Antifraude. Una corrupción que ha venido para quedarse, como si de una especie de maldición bíblica se tratara. Al final, el caso de Equipo Económico bajo el Gobierno Rajoy se parece como dos gotas de agua al de Acento Public Affairs bajo el Gobierno Sánchez, la firma consultora de la que es CEO y socio fundador el ex ministro de Fomento socialista José Pepiño Blanco. A Montoro se le acusa de hacer leyes favorables a empresas gasísticas. Pepe Blanco es miembro del consejo de Enagás, gasista por excelencia, de la que cobra 160.000 euros anuales. Como el expresidente catalán y también socialista José Montilla; como la ex ministra del PP Ana Palacio, entre otros. Orgía de puertas giratorias en un país que perdió la vergüenza antes que la virginidad.

Son muchos los responsables de que «esto» haya llegado hasta aquí. Muchos culpables entre la llamada sociedad civil, en la clase empresarial y financiera, en la intelligentsia, si es que alguna vez la hubo. Demasiados los españoles empeñados en arruinar el país, en humillar a España. Como denunció Amadeo de Saboya en su carta de despedida de la Corte, la mayoría de los que «con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles». La sombra ominosa de Mariano Rajoy Brey sigue gravitando sobre la nación. El fiasco de su Gobierno culminó con el detalle «heroico» de regalar el poder al amoral que nos preside, un aventurero de la política con tics de tirano caribeño a quien el gran Mariano elevó de la nada al infinito con su cobarde huida del Congreso en la tarde/noche del 31 de mayo de 2018 para ir a emborracharse en un garito de la calle Alcalá. Cierto es que el PP recibió el castigo que merecía la indigencia moral de Mariano y la propensión al delito de Cristóbal, dos tipos que usaron el poder de manera sistemática en contra del ideario y los intereses de los votantes de su partido. Entre el 20 de noviembre de 2011 y el 24 de mayo de 2019, primeras generales tras la moción de censura, el Partido Popular perdió casi 6,5 millones de votos (6.492.893) y 120 escaños. El PP se corrompió y perdió el poder. La del PSOE es corrupción presente, brutal, sin matices, corrupción de cárcel, con la diferencia de que Sánchez sigue en el poder sin que se adivine forma legal de impedirlo que no pase por la pareja de la Guardia Civil entrando en Moncloa y llevándolo esposado al calabozo.

Sánchez sigue en el poder sin que se adivine forma legal de impedirlo

Lo que no es explicable es que gente de la derecha civilizada siga aún haciendo la ola a un tipo como Rajoy y, peor aún, que Alberto Núñez Feijóo siga exhibiéndole como un activo del partido en mítines y saraos varios. Tampoco tiene explicación que el mismo Feijóo haya decidido incorporar a Alberto Nadal a la Ejecutiva nacional del PP como vicesecretario de Economía. Nombrado secretario de Estado de Energía en diciembre de 2012, Nadal llevó a cabo una polémica reforma del sistema energético español, con particular incidencia en el sector gasista, el que ahora ha puesto a Montoro en la picota. En el núcleo duro de Cristóbal siempre estuvieron Soraya, Fátima Báñez, Álvaro Nadal y su hermano Alberto, todos ellos enfrentados a los liberales del partido, caso de Luis de Guindos, Arias Cañete y el propio Soria. Y resulta poco creíble que el entonces secretario de Estado de Energía ignorase las medidas favorables a las compañías gasistas propiciadas por EE, y prueba de ello fue el “premio” de su nombramiento en noviembre de 2016 como secretario de Estado de Presupuestos y Gastos a propuesta del propio Montoro. Este conjunto de hechos, indiscutible, plantea en Alberto Nadal un evidente problema de idoneidad como potencial candidato a ministro de Economía (“La Economía será mía”, presume estos días a quien quiere escucharlo, sosteniendo, además, que la política económica del Gobierno Rajoy fue “un éxito rotundo”) de un hipotético gobierno popular. Sería más de lo mismo, “marianismo económico” elevado al cubo y una apuesta cierta por la prepotencia, además de por la corrupción y el fracaso, en un momento crítico para España, por no mencionar el caramelo envenenado que supondría para Feijóo a cuenta de su nexo, virtual o real, con el affaire Montoro. Una prueba de fuego para el líder del PP y para esos millones de españoles que están pensando que quizá merezca la pena votar a un PP nuevo, libre de apestosas adherencias marianiles. Todo un “test Nadal” para Alberto Núñez Feijóo.