La dimisión este miércoles de Noelia Núñez la honra a ella y a su partido. Y es sin duda mucho más ejemplar que las falsedades que ha mantenido a lo largo de estos años acerca de su formación académica.
La diputada del PP ha renunciado a todos sus cargos sin dar pie a que su formación tuviera que expedientarla o suspenderla, en cumplimiento de sus estatutos, por la «infracción muy grave» que supone el hecho de «falsear u omitir datos relevantes en la Declaración de Idoneidad».
Y esto es en puridad lo que había hecho Núñez al ofrecer tres versiones diferentes de su currículo en tres instituciones distintas. Con independencia de que las imprecisiones o lagunas se debieran a una «equivocación» y no a una «intención de engañar a nadie», como ella misma sostuvo el martes por la noche al reconocer que no había concluido ninguna de las carreras que se atribuía.
La adulteración del expediente académico de Núñez es sólo la última manifestación de lo que se ha convertido en un problema endémico en nuestros políticos. Multitud de representantes de diversos partidos y administraciones han inflado o embellecido sus currículos para presumir de más formación de la que en realidad poseían.
El primero de ellos, Óscar Puente, que fue quien inició en sus redes sociales el intenso escrutinio sobre la también concejal de Fuenlabrada que ha acabado forzando su cese. A día de hoy, Puente sigue manteniendo en las webs de La Moncloa y el Ministerio de Transportes que es titulado en un máster que en realidad es sólo un curso impartido por un centro vinculado al PSOE.
Por eso, la medida más inmediata a tomar después de este episodio debería ser una reforma del Reglamento del Congreso en la que se sustituya el actual sistema, en el cual basta con la declaración remitida por sus señorías, por una obligación de aportar en el Registro de la cámara el título universitario que se declara para que conste en la ficha de cada diputado.
Pero las implicaciones de esta dimisión deberían ser de mayor calado. Porque, con la renuncia de Núñez, el PP no sólo exhibe un estándar de exigencia más alto que el PSOE, sino que sienta un precedente que establece un nuevo baremo moral en la política española.
Y que podría sintetizarse en esta máxima: cualquier mentira en política debe llevar siempre a la dimisión.
El problema va mucho más allá de los maquillajes curriculares, que se insertan en un contexto de una cultura del fraude que nos ha acostumbrado a másteres regalados a políticos, libros escritos por negros literarios o tesis doctorales plagiadas.
Y que se enmarca a su vez en una cultura política que parece haber dejado de penalizar la mentira.
Por eso, el caso de Noelia Núñez no debería enfocarse desde el ángulo equivocado. La inidoneidad de la hasta ahora vicesecretaria de la nueva ejecutiva de Feijóo no mana de su carencia de estudios superiores, sino de la ocultación que ha extendido sobre la misma.
Es verdad, por otro lado, que un lamento habitual entre la ciudadanía es el bajo nivel de su clase política. Y lo cierto es que los partidos no están cumpliendo su función de mecanismos de selección de élites, al promocionar a perfiles muchas veces mediocres y sin experiencia fuera de la política.
Pero esto no debería conllevar una exaltación de la titulitis, que es precisamente la clase de fetiche para dar lustre a los currículos que ha motivado a tantos políticos a sobredimensionar su formación.
Porque, en política, mucho más relevante que la titulación es la honradez. Máxime cuando, en un sistema democrático que reconoce el derecho al sufragio activo y pasivo a cualquier ciudadano mayor de edad con independencia de su formación, el único requisito que cabe exigir a un candidato es haber sido elegido en las urnas.
Es claro que la dimisión de Noelia Núñez (que el PSOE ha exigido) obliga a hacer lo propio a los cargos socialistas que, como Patxi López, Pilar Bernabé o el propio Puente han mentido sobre su trayectoria académica.
Pero esta exigencia habrá de hacerse entonces extensible (con mucho más motivo) a todo representante público que sea descubierto incumpliendo sus promesas electorales o faltando a los compromisos adquiridos ante la ciudadanía.
Por ejemplo, a quien perjuró que no habría Gobierno con Podemos, ni pacto con Bildu, ni amnistía, ni cupo catalán.