Se trata de una injustificada deslegitimación de los poderes públicos que, por otra parte, ella misma ya gestiona en su apuesta por participar en la vida institucional del país. En un comunicado oficial difundido sin la firma de dirigente alguno, la reacción de Bildu es todo lo contrario a lo que se espera de un partido con aspiraciones legítimas de desplazar al PNV de Ajuria Enea, segunda fuerza hoy en Euskadi y apoyo clave para el Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso resulta del todo inapropiada esta maniobra con la que busca desautorizar a un cuerpo policial plenamente integrado en la sociedad y capacitado para desarrollar su labor como garante de la seguridad pública.

Colocarlo en el punto de mira como hace la izquierda abertzale por intentar sofocar los altercados cometidos por grupos de radicales es una auténtica regresión a su pasado más turbio, y una muestra de lo mucho que le queda por delante para asimilarse éticamente al resto de formaciones democráticas, pese a su reiterada voluntad por consolidar su proceso de normalización. Es además una peligrosa inoportunidad su intento de mezclar el debate sobre el modelo policial, y con ello la proporcionalidad de las acreditadas actuaciones de la Ertzaintza en el ejercicio de sus competencias, con los incidentes perpetrados por jóvenes violentos en Ordizia, Azpeitia y Hernani, y el desalojo de una acampada de GKS en Vitoria.

Bildu insiste en la equivocación de sus cargos que denunciaron la labor policial en vez del vandalismo al acusar ahora a la Ertzaintza de «actuar con lógicas autoritarias del pasado». Para frenar cualquier escalada, la izquierda abertzale debería aplicarse ya la audacia que suele exigir a los demás en momentos de crisis. El tiempo de hacer gestos para cerrar filas y agrupar a sus flancos más radicales no solo es una rémora del pasado más tenebroso. Es un preocupante riesgo de avalar con ello el recurso a la violencia.