Editorial-El Correo

  • A los 25 años de su asesinato es aún necesario reivindicar el legado de quienes, como Juan Mari Jáuregui, defendieron la democracia

El 29 de julio de 2000, hace 25 años, fue asesinado el que fuera entre 1994 y 1996 gobernador civil de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui. El crimen cometido por ETA en Tolosa supuso una gran conmoción y convulsionó a la sociedad vasca. El contexto era trágico. El año 2000 fue el escenario de una brutal ofensiva terrorista que se cebó particularmente contra los sectores no nacionalistas, contra cargos públicos del Partido Socialista y del Partido Popular después del fracaso de la tregua y del pacto de Lizarra. La denominada estrategia de ‘socialización del sufrimiento’ pretendía eliminar la pluralidad vasca en aras a una concepción uniformizadora y negadora de la complejidad del país. Una siniestra ‘limpieza ideológica’ que, además, buscaba dinamitar los puentes que ensayaron algunos referentes del socialismo -como Jáuregui y también Ernest Lluch, que fue asesinado en noviembre- en busca de una salida dialogada.

La organización terrorista quiso resolver las discrepancias que comenzaban a aflorar en su propio mundo mediante la imposición de la pistola encima de la mesa, lo que era también todo un aviso a navegantes a sus sectores más posibilistas. Nada nuevo bajo el sol pero que chocaba con una sociedad vasca muy fatigada y harta por la persistencia del terrorismo. Un cansancio que había comenzado a perforar incluso la hermética burbuja en la que la izquierda abertzale vivía décadas aislada en su inmovilismo. Tuvieron que pasar 11 años para que aquella reflexión incipiente en el mundo radical terminara por cuajar frente al sector más duro y recalcitrante.

El perfil de Jáuregui -un euskaldun de la izquierda no nacionalista que procedía del PCE- buscaba mejorar la imagen del Estado en una sociedad vasca aún cargada de prejuicios sobre el pasado. Además, formaba parte del equipo dirigido por la exsecretaria de Estado de Interior, y hoy ministra de Defensa, Margarita Robles, encargado de ‘limpiar’ las vinculaciones de elementos de las fuerzas de seguridad del Estado con la ‘guerra sucia’ contra ETA. El testimonio de Jáuregui en el juicio por el ‘caso Lasa y Zabala’ al general Galindo fue determinante. Su viuda, Maixabel Lasa, ha mantenido aquel legado de diálogo como el mejor antídoto frente al fanatismo que caló en una determinada generación de jóvenes vascos y cuyas secuelas aún sufrimos. Por eso sigue siendo necesario reivindicar la memoria de quienes lucharon con esfuerzo por terminar con aquella pesadilla.