Juana Rivas podría y acaso debería haber vuelto a prisión, o al menos a reclusión domiciliaria, no por la condena de la que fue indultada –sustracción de menores, una zarandaja– sino por el incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales durante el tiempo de observancia establecido en las reglas de la medida de gracia bajo riesgo de reversión automática. En ese sentido, la justicia que tanto critican ella y sus espontáneos seguidores ha sido benigna, aunque ya esté admitida una nueva querella por el mismo delito en la Audiencia granadina. Al final alguien le ha debido aconsejar que siquiera por esta vez acepte comportarse como los tribunales le obligan y continúe su batalla legal en la forma debida. Bien está, por más que el litigio prosiga.

El problema de este ruidoso caso, sin embargo, no es el pleito en sí mismo, uno más entre los que tantos padres divorciados emprenden por la custodia de sus hijos. Y desde luego no será este articulista el que ose pronunciar por su cuenta un veredicto sobre la archicompleja casuística de este concreto conflicto. Porque eso es exactamente lo que ha hecho cierto sedicente feminismo con el apoyo de varios miembros del Consejo de Ministros, Bolaños incluido. Y ése es el fondo lamentable de la cuestión: el amparo colectivo a la desobediencia de la madre sin otra motivación que los prejuicios. La rebeldía contra toda una ristra de decisiones judiciales en función de un mero designio político.

Si se tratase sólo de un debate social sobre la idoneidad de ese conjunto de sentencias y dictámenes –coincidentes tanto en la jurisdicción española como en la italiana–, la cosa podría tener un pase. Los fallos de los jueces hay que acatarlos pero no por eso dejan de resultar cuestionables. El aspecto preocupante del asunto es la intervención sesgada de las autoridades a favor de una de las partes, sin otro argumento que su sintonía ideológica con la reclamante y recurriendo a la agitación populista –justicia de ‘tricoteuses’– de instintos emocionales. Esa injerencia representa un claro ataque a la independencia de poderes y un sabotaje institucional muy grave.

El de Rivas es un episodio más de la ofensiva sanchista contra los pilares del Estado de derecho, clásico síntoma de las derivas autoritarias. Antes fueron el indulto a los sediciosos catalanes, el abrazo a la doctrina del ‘lawfare’, la revocación de la sentencia de los ERE y la amnistía como expresión máxima de la voluntad gubernamental de deslegitimar un contrafuerte esencial de la democracia. En esta ocasión hasta la propia Fiscalía se ha plantado ante la intromisión de los dirigentes de la izquierda y sus brigadas de feministas subvencionadas. El interés del niño, víctima de un abusivo, doloroso tironeo afectivo, se ha vuelto secundario en la causa. Bastante tendrá el pobre con tratar de que su vida adulta logre superar este trauma.