- No se puede construir una soberanía digital europea sólida mientras gobiernos como el nuestro delegan infraestructuras críticas a proveedores con vínculos cuestionables con regímenes autoritarios.
Samaniego podría reescribir su fábula El lobo y la cigüeña, con inspiración sanchista. Podría titularse algo así como «El Gobierno y el dragón», y podría comenzar así:
Comió el Gobierno con mucha alegría / infraestructura, comunicaciones, tecnología, / y sin mirar origen ni advertencias, / firmó con manos llenas conveniencias.
La desconexión del Gobierno de España con la realidad geopolítica que enfrentamos como Unión Europea ha pasado de ser inquietante a alarmante. En un momento en que Europa se encuentra en una encrucijada decisiva en materia de seguridad, España decide que China es un socio preferente en sectores estratégicos.
Los recientes acuerdos con distintas empresas chinass son un grave error de juicio.
En el mejor de los casos, porque priman el bajo coste inmediato a costa de soberanía, empleo local o transparencia.
En el peor, porque hay una agenda oculta o un «facilitador» interesado… (¿Zapatero?).
¿De quién se tiene que cuidar Occidente?
¿Quién puede querer espiarnos?
¿Quién tiene los intereses más enfrentados a los de nuestras empresas… y de nuestra propia seguridad?
Han adivinado: el dragón chino.
Pues nada menos que el Ministerio del Interior ha firmado un acuerdo para el suministro de servidores para sistemas de interceptación de comunicaciones. Puerta grande para nuestro principal rival.
Como era de esperar, esta cadena de decisiones incomprensibles coloca en entredicho la reputación de España, erosiona la confianza entre socios de la UE y amenaza con deteriorar la cooperación con nuestros aliados estratégicos en el seno de la OTAN.
Desde el Partido Popular Europeo hemos reiterado en numerosas ocasiones que la defensa de los valores europeos debe ir acompañada de una política tecnológica y de seguridad coherente. No se puede construir una soberanía digital europea sólida mientras algunos gobiernos optan por delegar infraestructuras críticas a proveedores con vínculos cuestionables con regímenes autoritarios.
Huawei no es una empresa cualquiera. Su historial, su opacidad estructural y sus lazos con el Partido Comunista Chino han sido motivo de alarma constante entre agencias de inteligencia europeas y estadounidenses.
Bruselas ha advertido con claridad de que esta compañía representa un riesgo sustancial para la ciberseguridad de la UE. Y sin embargo, el Ejecutivo español ha decidido ir a contracorriente, desoyendo no sólo a las instituciones europeas, sino también a la lógica más elemental de precaución.
Esta actitud no es sólo imprudente; es profundamente irresponsable.
Porque cuando se habla de servidores destinados a interceptar comunicaciones judiciales, no estamos ante un simple contrato tecnológico. Hablamos del corazón mismo de la infraestructura de seguridad del Estado.
Depositar esta información en manos de un proveedor cuya fiabilidad está siendo cuestionada en toda Europa (y fuera de ella) es tanto como dejar abierta una rendija al espionaje, al chantaje y a la vulneración sistemática de nuestros principios democráticos.
«Bruselas ha advertido de que Huawei representa un riesgo sustancial para la ciberseguridad de la UE. Pero el Ejecutivo español ha decidido ir a contracorriente»
Las consecuencias de este desacierto no se limitan a una polémica coyuntural. Están afectando ya a la imagen de España como socio fiable.
Diversos representantes de la Comisión Europea han manifestado públicamente su inquietud, y voces influyentes en Washington han instado a revisar los acuerdos de cooperación en materia de inteligencia con nuestro país.
El Samaniego de este siglo podría concluir su reimaginada fábula con algo así como:
Corre el Gobierno a pedir ayuda, / pero el Dragón, con sonrisa ruda, / le dice: —Tú firmaste, tú sabías, /¿ahora vienes a hablar de garantías?
En otras palabras: la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez pone en riesgo la inclusión de España en los canales más sensibles de intercambio de información con nuestros aliados de la OTAN. Y eso, en el contexto actual con guerras híbridas, ataques cibernéticos y desinformación sistémica, es un lujo que no podemos permitirnos.
Lo más preocupante, sin embargo, es que este contrato no es un hecho aislado, sino parte de una política exterior ambigua que ha llevado a España a adoptar posturas cada vez más desconectadas del consenso europeo.
Lo vimos con el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental, con la tibieza ante la deriva autoritaria de algunos regímenes latinoamericanos, y ahora lo vemos de nuevo en el ámbito de la seguridad tecnológica.
Esta deriva, lejos de situar a España en una posición de liderazgo, nos margina, nos debilita y nos aleja de los estándares europeos que deberíamos estar promoviendo.
Apostar por empresas que generan sospechas no es solo una cuestión técnica o económica. Es una cuestión política de primer orden.
Porque, en última instancia, lo que está en juego es la confianza: la de los ciudadanos en sus instituciones, la de nuestros socios europeos en la voluntad española de compartir una visión común de la seguridad, y la de nuestros aliados atlánticos en nuestra fiabilidad como socio.
En una situación normal, instaríamos al Gobierno de España a rectificar y éste, al menos, escucharía las voces que opinan distinto.
Pero como la situación actual es de anormalidad democrática, y Sánchez tiene unos intereses muy distintos a los del interés general de España, por desgracia no cabe esperar que el Gobierno actúe con responsabilidad ni que se alinee con quienes defienden nuestras libertades y nuestra democracia.
Para desgracia de todos nosotros, España ya es el eslabón más débil de la seguridad europea, y muchos cuestionan nuestro compromiso con la protección de nuestro proyecto común.
Nos queda alzar la voz, tecla en mano, porque Europa no puede permitirse grietas en su escudo.
Y España, tampoco.
*** Antonio López-Isturiz es eurodiputado y miembro de la comisión de Asuntos Exteriores.