Tonia Etxarri-El Correo
La mayoría de los políticos a los que pagamos con nuestros impuestos ha colgado ya el cartel de ‘cerrado por vacaciones’ en sus despachos. Pero al presidente del Gobierno le ha quedado, en la sala de plancha judicial, unos cuantos kilos de colada amontonada, con millones de folios por estudiar una vez se transcriban tantos audios comprometidos para su entorno en las diversas causas contra la corrupción. Y con el último sapo por digerir recién servido por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo al situar al fiscal general del Estado (y de Sánchez) al borde del banquillo, acusado de haber cometido presuntamente un delito de revelación de secretos. Incumplió su obligación de mantener la confidencialidad de los datos de un contribuyente porque le resultó muy tentadora la oportunidad de perjudicar a la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se podrá defender cuando se abra juicio.
Pero así no hay quien desconecte durante las vacaciones. Ni en La Mareta. No es por amargar el dulce estival pero, detrás de las sonrisas impostadas y de los datos forzados para asegurar que España va como un cohete, el presidente del Gobierno se conjurará estos días para buscar un nuevo cebo en el que la opinión pública pique y pueda distraerse un poco cuando se inaugure el Año Judicial. Porque, en ese acto solemne, que se celebrará el próximo 5 de septiembre, se deberá hablar de la persecución del delito y de la separación de poderes. Y el monarca, sin duda, lo hará ¿en presencia del fiscal general del Estado, procesado?
Veremos un escenario sin precedentes en toda Europa: un fiscal general del Estado sentado en el banquillo y sin haber renunciado al cargo hablando del respeto a la ley en presencia de las autoridades. Surrealista. Porque, si no ocurre otro tsunami político en pleno entreacto agosteño, cabe pensar que Sánchez seguirá manteniendo (¿o amarrando?) en su cargo a tan fiel servidor de sus propios intereses. Una anomalía democrática más de las que se están produciendo en esta legislatura. Pero ya es insólito que quien debe vigilar y perseguir la comisión de delitos se haya pasado al lado oscuro al ser acusado de haber delinquido.
El encargado de garantizar el cumplimiento de la ley ha dejado indicios delictivos sobre su comportamiento, según el Tribunal Supremo. ¿Para perseguir un teórico delito acabó cometiendo otro? ¿Puede caber mayor contradicción?
Salvando la presunción de inocencia que le asiste, como a cualquier ciudadano, un responsable institucional como el fiscal general no debe seguir en su cargo, impartiendo instrucciones y órdenes a sus subordinados, que, buena parte de ellos, están ya pidiendo su dimisión inmediata. Consideran que nadie ha causado más daño reputacional a la institución que el propio Álvaro García Ortiz. Como ciudadano, se puede sentar en el banquillo pero como fiscal general del Estado, no. Eso piensa la mayoría de asociaciones de fiscales, que no ocultan su malestar. Y el exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell, que considera que «no es lo más estético» mantener en su puesto al procesado, por lo visto, les comprende.