Pero Pedro Sánchez y sus ministros contrajeron un mandato singular porque fue el combate contra la corrupción el detonante de la moción de censura que llevó en 2018 al líder socialista a La Moncloa; con el agravante de que el defensor del argumentario para desalojar a Mariano Rajoy fue José Luis Ábalos, imputado hoy junto a su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por una presunta trama cimentada sobre el esquema recurrente de la corrupción en España: mordidas en adjudicaciones amañadas de obra pública.

Cuando el Greco reprueba la falta de determinación del Gobierno en el control de los altos cargos, además de la Policía y la Guardia Civil, remite a casuísticas como la del ex ministro de Transportes. Como la referencia a la necesidad de regular los ‘lobbies’ apunta inevitablemente a las sospechas que pesan sobre el también exministro, este de Hacienda, Cristóbal Montoro, señalando por extensión al PP. Lo que compromete a Alberto Núñez Feijóo a ejecutar, si llega a la presidencia, lo que él mismo prevé en este terreno en su plan de regeneración democrática e institucional.

Sánchez anunció en el pleno monográfico sobre la corrupción del 9 de julio un paquete de 15 medidas que está más llamado a aplicar, si cabe, tras el dictamen del Consejo de Europa, pese a que los expertos no aprecien en él reformas que no estén pendientes ya. La credibilidad del presidente se encuentra maltrecha y no solo por lo más grave, el ‘caso Cerdán-Ábalos-Koldo’. También por permitir el intento de aforamiento exprés de su barón extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en la causa por la que su hermano, David Sánchez, está al borde del banquillo.