Desde entonces las restituciones o se han producido con cuentagotas y con un enorme coste económico para los afectados, o se han obstaculizado o se han negado, incluso incumpliendo de forma flagrante los artículos 30 y 31 de la Ley de Memoria Democrática. Es verdad que se trata de un tema de enorme magnitud, tanto por el volumen de bienes afectados como por la dispersión de la información. Igualmente, puede reconocerse el esfuerzo de algunos museos o también la importancia de la digitalización de cierta documentación en la materia. Sí, pero falta una voluntad política que vaya más allá del postureo.

El último episodio de la dificultosa reclamación de los Sota sobre obras todavía en posesión de la sociedad mercantil y estatal Paradores lo certifica. ¿Por qué no se elabora una ley marco que facilite la restitución? ¿Por qué no se crea una comisión intergubernamental que coordine a los ministerios? ¿Por qué no se compensa a los afectados por los gastos en los que incurren? ¿Por qué no se invierte la carga de la prueba y se obliga a la administración a que demuestre la procedencia de las obras reclamadas? Y, ¿por qué el PNV no presiona en el Congreso al gobierno Sánchez para que restituya las obras de una familia históricamente vinculada con aquel partido y que encima ha donado o depositado en un museo público varias de las obras expoliadas?