- Siguiendo con el símil escolar, yo propondría una tarea de verano muy fácil y que quitaría muy poco tiempo de Falcon y otros privilegios: preparar el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha obtenido las máximas calificaciones en la convocatoria de julio. Es verdad que el examinador ha sido él y que todo alumno tiende a ser condescendiente consigo mismo. No puede extrañar que sea el primero de la clase. El autobalance se diría fruto de los más intensos delirios de grandeza, si no fuera sencillamente mentira.
El balance es un catálogo de falsedades, trufado con alguna verdad para despistar. Si se miente siempre, al final no se miente nunca porque se sabe que la verdad es siempre lo contrario de lo que se dice. España, según él, no puede ir mejor. Y no va bien ni siquiera para él, acosado por la corrupción, los jueces, la Prensa libre e independiente y el muy previsible juicio de la mayoría de los ciudadanos. Y, en cierta medida, por la oposición hostigada, que intenta deslegitimar. El presidente gobierna con los separatistas y la extrema izquierda, y ha roto con el régimen constitucional de 1978, es decir, con la democracia, la Constitución y el Estado de derecho. El Parlamento se convierte en el zoco en el que se paga el precio político de los apoyos electorales. Se legisla a golpe de compraventa. Y sin recato. Los extorsionadores presumen públicamente de su manera de doblegar a un Gobierno débil y corrupto.
Sánchez intenta convencer a la opinión pública de que él es la primera víctima de la traición de los corruptos que, por cierto, no pueden rondarle más cerca: mujer, hermano y sus números dos en el partido. No comprendo esa obstinación en rodearse de traidores.
En esta situación agónica, cabe preguntarse por la legitimidad del Gobierno. Los pensadores clásicos (muchos de ellos, para no exagerar) distinguieron entre legitimidad de origen y de ejercicio. La primera se tiene cuando se ha llegado al poder mediante los procedimientos legales previstos, es decir, cuando no se es un usurpador. Aquí parece que cumple, pero cabe oponer algunas reservas. El primer lugar, existen indicios de que pudiera haber llegado a la secretaría general de su partido mediante fraude electoral, al falsificar algunas papeletas de voto. Además, la moción de censura que derribó a Rajoy y le llevó al poder se basaba entre otras cosas, en un párrafo falso, en una especie de interpolación judicial, que atribuía al presidente del Gobierno responsabilidad directa en la corrupción de su partido. Y, en tercer lugar, en las elecciones pasadas no fue ganador, sino derrotado por el Partido popular. Es cierto que el régimen parlamentario permite las coaliciones y el ganador no gobierna necesariamente. Opción que probablemente no sea la óptima. No estaría mal que, en un régimen con un peso tan enorme del Gobierno, el presidente fuera elegido por votación popular directa. Pero esto no convierte en ilegítimo al Ejecutivo. El problema surge cuando se apoya en fuerzas políticas anticonstitucionales, unas por pretender romper la unidad nacional y otra por apoyar un cambio de régimen contrario a la democracia representativa y a la Constitución. Si bien esto también podría calificarse como propio de la ilegitimidad de ejercicio, que se da cuando quien ha obtenido legítimamente el poder lo ejerce contra la justicia, el bien común y la Constitución. Y de esto ha dado sobradas muestra el Gobierno, como he mencionado en un párrafo anterior y al que se le podrían añadir más desmanes. La legitimidad de ejercicio yace desvencijada. Pero, si no surge algún escándalo más que afecte judicialmente al presidente, habrá que esperar a las elecciones generales, es decir, dos años. Parece demasiado tiempo de descomposición.
Siguiendo con el símil escolar, yo propondría una tarea de verano muy fácil y que quitaría muy poco tiempo de Falcon y otros privilegios. Preparar el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales. Eso sí que sería un sobresaliente en septiembre, incluso una matrícula de honor. También podría considerar que los tribunales examinadores independientes le suspenden con pésimas calificaciones, incluso dentro de su propio partido. Los últimos, The Economist, y una recién creada asociación de abogados del Estado, que acaba de proclamar que el Estado de Derecho se encuentra en peligro. Esperemos, en vano, a septiembre.