Editorial-El Correo
- Los incidentes de radicales exigen que la izquierda abertzale deje de esconderse tras inútiles intentos de deslegitimar a la Policía de todos
Es comprensible el llamamiento del consejero de Seguridad a «no crear alarma» ante la cercanía de las fiestas de las capitales vascas. Sabe Bingen Zupiria que las últimas semanas de incidentes en localidades de los tres territorios lo que aconsejan es trabajar en los dispositivos adecuados para garantizar que las jornadas de diversión transcurran en paz. Pero sucesos como el asalto a una comisaría local de Azpeitia, las pintadas contra el propio Zupiria en Hernani, el desalojo de una acampada de GKS en Vitoria o el último fogonazo, el registrado en Algorta la víspera de San Ignacio, llevan la firma de elementos radicales. El Gobierno vasco inscribe estos intolerables episodios en el marco de un enfrentamiento en el seno de la izquierda abertzale. Pero limitarse a lamentar que «todos estamos pagando las consecuencias de este pulso» podría dar a entender que nos enfrentamos a una situación inevitable.
Por supuesto que tal pugna deben resolverla sus protagonistas sin trasladarla a las calles que pertenecen al conjunto de la ciudadanía. Quizás es una tarea que aún no está al alcance de EH Bildu, que recorre los pasillos del poder sin sentir la obligación de renovar su caduco manual de autojustificación y victimismo. Que, a la primera oportunidad de condenar desde una responsabilidad municipal las pintadas y los ataques a bienes y agentes, prefiere trasladar la culpa al despliegue policial. Que desprecia lo que significó en un pasado todavía muy vivo señalar a alguien en las paredes de Euskadi y pone en duda la legitimidad democrática de la Ertzaintza para salvaguardar el orden público. Y, sobre todo, que carece de una voz autorizada con el valor de colaborar con el conjunto de fuerzas democráticas en la tarea de deslegitimar y desterrar la violencia.
Los ataques a la Ertzaintza no son el único motivo de preocupación que rodea a esta institución. El decepcionante resultado de la OPE para aumentar sus efectivos, con 270 plazas desiertas, carece de una explicación convincente desde el Departamento de Seguridad y desde los sindicatos representativos. El conjunto de la sociedad comparte la necesidad de máxima exigencia para los futuros agentes que defiende Zupiria. Por eso no entiende el misterio que rodea al relevo al frente de Arkaute, ni la supuesta existencia de tensiones en el seno de la academia, ni la aparente brecha entre la preparación de los aspirantes a ertzainas y las pruebas contra las que se estrellan.