El texto final de la moción resultó de una transacción entre Vox, cuyo único edil en Jumilla la propuso, y el Partido Popular, que limó de aristas el contenido definitivo y facilitó que saliera adelante con sus diez votos y la curiosa abstención del concejal promotor. Todo ello en el marco de la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento. El hecho de que el partido de Santiago Abascal haya difundido a través de la red X su satisfacción por «la primera medida de España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos», y justifique la iniciativa «para proteger las tradiciones propias del pueblo español frente al avance de costumbres ajenas impuestas» enciende una alarma que se ha extendido a otros credos presentes en el país. Al igual que la Comisión Islámica Española, los obispos católicos han pedido a los poderes públicos que garanticen el derecho a la libertad religiosa, protegido por la Constitución. Y expertos juristas recuerdan que la valoración a la hora de acoger un acto debe regirse por criterios técnicos y no por declarada oposición ideológica.

Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor índice de población de origen extranjero -15,4% según el INE-. España alcanza ya los 49,5 millones de habitantes, en buena parte gracias a la llegada de inmigrantes. La clase política debe aprestarse a reaccionar unida y con contundencia democrática frente a los intentos ultraderechistas de jugar con fuego y trasladar a las instituciones su agenda más extrema. Un empeño que va a más, al calor de los vientos de intolerancia que llegan de EE UU y Centroeuropa, y en el que el PP necesita evitar verse comprometido y utilizado.